El
Catatumbo, región con varias hectáreas de coca, será la sede de la primera
asamblea cocalera.
En
su visita a El Tarra, el presidente Gustavo Petro lanzó la idea de instalar en el Catatumbo la primera asamblea
cocalera en el país, idea que va de la mano con su
iniciativa de que esa región, afectada por el conflicto armado, sea capital de
la paz.
De
acuerdo con personas consultadas por este diario, entre ellos un campesino de
la región y abogados expertos, la propuesta de realizar una asamblea es
jurídicamente viable, pues no habría impedimento que frene al Gobierno para
sentarse a hablar sobre un cultivo ilícito.
No
obstante, dentro de las opiniones de los expertos hay varios puntos que se
analizan alrededor de la asamblea de cocaleros en el Catatumbo. Por ejemplo, Juan Carlos Quintero, directivo de la
Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), parte diciendo que para instalar este tipo de
encuentros no hay impedimento alguno.
De hecho, según él, ese tipo de citas las han
hecho toda la vida, tanto así que "todos los presidentes que
han pasado en los últimos 30 años se han sentado con nosotros a dialogar".
El
tema no es ajeno a Petro, quien anunció que la intención es "mostrarle a
este gobierno los caminos, las políticas públicas, los senderos que nos
permitan lograr que una familia campesina que hoy se dedique a la hoja de coca y a la pasta pueda sustituir esto por una actividad que le
garantice más calidad de vida".
El
abogado Juan Carlos Restrepo, exinspector de la DNI, también cree que el marco
para que el Gobierno se siente a la mesa en una asamblea está dado,
aunque advierte que lo que salga de allí puede ser peligroso.
Su
tesis tiene como sustento que una asamblea se hace con el fin de negociar,
asegurando que su organización debe ser fácil, "pero peligroso también
porque eso termina casi que dando un estatus de gremio, o un poder de representación que independiente de que lo
tengan o no, es un reconocimiento que hace que las cosas sean un poco complejas
de manejar".
Es
decir, el abogado considera que si bien la erradicación forzada es un fracaso, esta especie de "cohesión
social" que propone el presidente podría tener como
consecuencia que el Estado esté cada día más limitado en su capacidad de acción.
Por
su parte, el abogado Marlon Fernando Díaz también cree que la asamblea cocalera es jurídicamente
viable, pues los campesinos no son narcotraficantes,
"lo que se busca es justamente alternativas para la
sustitución de cultivos ilícitos, que es una problemática
social y problema universal".
Otra
opinión viene por parte del penalista Mauricio Pava, conjuez de la Sala Penal Corte Suprema que señala que “como política pública fundamentada en
una estructura legal clara y orientada a la consolidación de la Paz, tiene
todo el sentido que la cabeza del Ejecutivo tome el timón y la
vocería de un programa que depende directamente de la Presidencia".
En
ese orden de ideas subraya que "no hay mejor forma de involucrarse y
liderar esta política que a través de la participación de la
comunidad a la cual está direccionarles esta política. Este
tipo de iniciativas participativas son eje de la sustitución voluntaria de
cultivos y eje de una apuesta por La Paz en los territorios".
Para
Pava, el sustento legal está en el Acuerdo de Paz que otorgó al ejecutivo
la facultad legislativa extraordinaria para expedir decretos con fuerza
material de ley, orientadas a la implementación del Acuerdo
Final. En este contexto, dice, se expidió el decreto
896 de 2017, por medio del cual se crea el Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Por
último, el conjuez sostiene que es viable que el presidente se reúna con los
cocaleros, y que uno de los medios para lograr este objetivo, y uno de los ejes
del PNIS, "es la participación de las entidades territoriales y la comunidad. La
participación está en el centro de esta política pública".
La
ley 30 de 1986 adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes y
proporciona una ruta sobre la regulación de las sustancias ilegales en Colombia.
Señala
por ejemplo que la "producción, fabricación, exportación, importación,
distribución, comercio, uso y posesión de
estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales estos se
produzcan se limitará a los fines médicos y científicos, conforme la
reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud". Y
que el Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con los
Ministerios de Agricultura y Salud, reglamentará el control de las áreas
donde se cultiven plantas para la obtención o producción de drogas.
Igualmente
señala que la posesión de semillas para el cultivo de plantas de las cuales
se produzcan sustancias estupefacientes, requerirá igualmente autorización
previa del Consejo Nacional de Estupefacientes, en las cantidades que él mismo
determine y que esta misma entidad reglamentará los cultivos de
plantas de las cuales se produzcan sustancias estupefacientes y el consumo de
estas por parte de las poblaciones indígenas, de acuerdo con los usos y
prácticas derivadas de su tradición y cultura.
Pero
también, el artículo 32, reza: "El que sin permiso de autoridad competente
cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta
de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga
que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas
plantas, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a cuatrocientos (400) salarios
mínimos mensuales.
Si
la cantidad de plantas de que trata este artículo lo (sic) excediere de veinte
(20) sin sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de uno
(1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de uno (1) a cuarenta
(40) salarios mínimos mensuales".
El
antecedente boliviano
La idea
del presidente Gustavo Petro de llevar a cabo una asamblea cocalera en
el Catatumbo tiene un antecedente en la región: Bolivia. En ese país ya se
han instalado este tipo de encuentros para dialogar alrededor de temas que
afectan al campesinado.
En
el gobierno del expresidente Evo Morales, por ejemplo, se impulsó el
diálogo con los cocaleros para que los cultivadores de hoja de coca pudieran
tener voz en la toma de decisiones frente al tema.
De
hecho, el jueves se convocó a una marcha y a una asamblea cocalera en Bolivia
para exigir respeto a las comunidades, entre las cuales hay discordia. En este caso, el gobierno de ese país llamó al diálogo.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/que-tan-viable-es-hacer-la-asamblea-cocalera-en-el-catatumbo-697808
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