sábado, 17 de septiembre de 2022

¿Qué hacer con la gobernanza criminal?

Hugo Acero Velásquez

Los criminales suplantan funciones esenciales del Estado, como seguridad, justicia, orden social.

En Colombia persiste, en algunas regiones, ciudades y municipios el control social y territorial por parte de grupos de delincuencia organizada. Gobernanza criminal que se ejerce con poco personal armado, no uniformado, a punta de violencia focalizada y ejemplarizante e involucrando a menores y adultos mayores en las actividades de extorsión, préstamos ‘gota a gota’ y distribución de drogas.

La extorsión está tan generalizada que, en algunas ciudades y territorios, los ciudadanos la ven como una renta más que hay que pagar todos los días, semanas o meses. Se recurre a los préstamos ‘gota a gota’ ante la falta de recursos y la inexistente oferta legal de préstamos con bajo interés, a pesar de los riesgos de ser lesionado o asesinado si no se paga a tiempo. Se aceptan el comercio y la distribución de drogas porque ven cómo las autoridades tampoco alcanzan a controlar esta actividad criminal y en algunos casos son testigos de casos de corrupción. Actividades criminales ligadas al narcotráfico que garantizan control territorial y comunitario.

No obstante, los esfuerzos de los organismos de seguridad y justicia, no ha sido posible controlar el aumento de estos delitos. Las autoridades sostienen que los ciudadanos no denuncian, y los ciudadanos no denuncian por temor a los criminales que los conocen, son sus vecinos, y porque no tienen confianza en las autoridades.

Frente a esta gobernanza criminal, primero, hay que dejar de considerar la extorsión, los préstamos ‘gota a gota’ y el microtráfico exclusivamente como conductas penales, también hay que abordarlos desde las aristas sociales y políticas que explican su aumento y diversificación. Hay que enfrentarlos como fenómenos sociales porque no se está frente a un simple hecho delictivo o una renta criminal, sino ante la manifestación de poderes ilegales que logran regular el orden social y regir la vida comunitaria en los territorios donde operan. También enfrentarlos como una manifestación política, dado que los criminales suplantan funciones esenciales del Estado, como seguridad, justicia, orden social, ordenamiento urbano, convivencia, la mediación comunitaria, etc.

Segundo, hay que reconocer que para reducir estos delitos no basta con la presencia y el accionar de las instituciones de seguridad y justicia. Es necesaria una intervención integral que involucre a otras instituciones del Estado nacional, territorial y a la ciudadanía. Deben participar la Dian y la Uiaf para perseguir y quitarles los recursos a las organizaciones criminales. También, instituciones de desarrollo social como el ICBF, educación, salud, planeación, comisarías de familia, inspecciones de policía, etc. Una acción de Estado integral, permanente y cercana a los ciudadanos que atienda las necesidades sociales y enfrente, en el marco del Estado de derecho, a las organizaciones criminales.

Para esto, como lo plantea Orlando Escopeta, “se requiere desmontar la nueva ‘normalidad’ impuesta por las organizaciones criminales. Las acciones deben ser evaluadas no solo con base en los indicadores tradicionales de crímenes, sino con procedimientos de investigación que muestren el grado en que se reduce la influencia de la extorsión y el agiotaje, el terreno ganado por la presencia institucional en la comunidad y el mejoramiento de indicadores sociales claves”.

La Seguridad Humana que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro puede ser el camino para enfrentar la gobernabilidad criminal si, además de diálogo y políticas preventivas, se ejecutan acciones contundentes de uso legítimo de la fuerza del Estado frente a las estructuras criminales que operan en los territorios y ciudades.

Finalmente, estas actividades son tan rentables y efectivas para controlar los territorios que las mafias colombianas del narcotráfico las han expandido y consolidado en otros países, como México, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina y casi todos los países centroamericanos.

Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/hugo-acero-velasquez/que-hacer-con-la-gobernanza-criminal-columna-de-hugo-acero-703042 

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