En momentos en que la inflación y las altas tasas de interés golpean no solo a Colombia, sino al mundo, el país recibirá el fuerte impacto de la reforma tributaria. El Gobierno Petro deberá explicar cuál es la hoja de ruta frente a los grandes desafíos económicos que se avecinan.
Ante
ese panorama, el Gobierno se la está jugando con una tributaria dura pero
necesaria, exigida por quienes votaron por el “cambio”, aunque impopular en
algunos sectores. Si se desborda, puede llegar a ser peligrosa.
El
país, pese a la recuperación y el crecimiento de la economía (10,6 por ciento
en 2021 y 10,6 por ciento en el primer semestre de 2022), sufre los estragos de
la covid, arrastra un nivel de deuda que representa el 56,2 por ciento del PIB,
el desempleo sigue en dos dígitos (10,6 por ciento) y los consumidores se
sienten asfixiados por una inflación anual a septiembre del 11,44 por ciento,
la más alta en 23 años. Las tasas de interés pasaron, en apenas un año, del 1,5
al 10 por ciento, el indicador más alto en décadas.
El Gobierno de Gustavo Petro se la jugó por una tributaria que recaudará 22 billones de pesos. En el primer debate hizo valer en el Congreso el poder de la coalición de gobierno. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA
A
cualquier observador le podría parecer un contrasentido que el Gobierno Petro
decida apretar más a sus ciudadanos y empresarios vía impuestos. Sin embargo,
eso está ocurriendo en todo el mundo. La reforma que acaba de ser aprobada en
las comisiones económicas del Congreso por la aplanadora gobiernista no puede
ser discutida en blanco y negro, pues hay grises. Tampoco puede distorsionarse
ante los intereses políticos y económicos que están en juego.
Eso
sí, Petro está cumpliendo lo que prometió en campaña. Tras su primera gran
victoria en el Congreso, el mandatario dijo que busca “avanzar hacia un modelo
de desarrollo sostenible y crear un sistema justo de tributación, donde los que
más tienen sean los que más tributen”. Una frase similar a la que repitió en
los meses pasados en diferentes plazas públicas y debates.
“La
reforma tributaria es la partida de defunción anticipada de la exploración y
producción de petróleo y gas”, advierte Francisco Lloreda, presidente de la
Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Para los petroleros su carga fiscal
pasará del 65 al 81 por ciento. Aseguran que así no podrán ser competitivos en
la región, donde la carga fiscal es del 50 por ciento. Pero el Gobierno
considera que sus ganancias son tan grandes que están en toda la capacidad de
aportar más en esta coyuntura económica crítica.
Ben
van Beurden, CEO de Shell, una de las petroleras más grandes del mundo, dijo
recientemente en una cumbre del sector en Londres que gravar con impuestos a
las empresas de energía puede ayudar a lidiar con la inflación. El ejecutivo se
mostró a favor de “una intervención del Gobierno” que les cobre más impuestos a
esas compañías y que dé como resultado “la protección de los más pobres”.
En
Europa a las empresas del sector energético les están imponiendo más tributos.
Por ejemplo, en España se aprobó un impuesto del 1,2 por ciento sobre las
ventas de las compañías de servicios públicos de energía y se discute si debe
ser por un periodo superior a los dos años. En República Checa, justo en estos
días, el Gobierno propuso recaudar 6.000 millones de dólares con la imposición
de impuestos a diferentes sectores de la economía, entre ellos el de energía,
gas y minería.
Además,
para nadie es un secreto que Petro prometió acelerar la transición hacia las
energías limpias y, sin duda alguna, esta carga tributaria es una prueba de
ello. Aunque se eliminó el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón,
se fijó una sobretasa en el impuesto de renta a las compañías petroleras y
carboníferas del 10 por ciento en el primer año, 7,5 por ciento en el segundo y
5 por ciento en el tercero. Asimismo, se restableció la no deducibilidad de
regalías en renta.
Ahí
se encienden unas alarmas. Lo importante en este paso del Gobierno Petro, y que
aún no está claro, es cómo reemplazarán en el mediano plazo los billones que le
entran al Estado (34 billones por concepto de impuestos y regalías, según la
ACP) si las industrias petrolera y carbonífera se debilitan y desaparecen más
rápido de lo conveniente. Aunque estos impuestos pueden llevar a un mayor
recaudo en el corto plazo, impactarán las decisiones de inversión de estas
compañías, lo cual podría afectar la generación de recursos a mediano y largo
plazo.
Además,
son cientos de miles de familias que viven de este renglón. Hay que tener en
cuenta, igualmente, que la actividad económica y una parte importante de las
exportaciones del país en su historia reciente han estado atadas al petróleo,
el gas y el carbón. Aunque
el Gobierno ha dicho que a través del agro y el turismo, especialmente, se
podrían reemplazar los billones de pesos que produce la industria petrolera y
carbonífera en Colombia, una cosa es decirlo y otra hacerlo. Se
requieren años, inversiones y desarrollo, y el país está en pañales.
En
el texto aprobado, asimismo, hay artículos que van en sintonía con el plan de
Petro de que los que más tienen paguen más. Por ejemplo, se dio vía libre a un
impuesto al patrimonio progresivo y por cuatro años con las siguientes tarifas:
0,5 por ciento para más de 3.000 millones de pesos; 1 por ciento para más de
5.000 millones de pesos; y 1,5 por ciento para más de 10.000 millones de pesos.
La tarifa para las ganancias ocasionales y herencias quedó en el 15 por ciento
y del 20 por ciento para los dividendos.
También,
las pensiones de más de 13 millones de pesos serán gravadas (impactará al 0,2
por ciento de dicha población) y se aprobaron sobretasas de 3 puntos para las
hidroeléctricas y de 5 puntos para el sistema financiero. En renta, en personas
naturales, el sacrificio para los que ganan más será en total de 3,5 billones
de pesos. A apretarse el cinturón.
Luego
de su posesión, el pasado 7 de agosto, el presidente Petro tenía entre sus
manos tres alternativas para afrontar lo que ocurre cuando los Gobiernos gastan
más de lo que recaudan, como el caso colombiano: pedir plata prestada y
endeudarse más, imprimir billetes (una locura, a juicio de expertos) o aumentar
impuestos. Petro y su equipo económico, dirigido por el ministro de Hacienda,
José Antonio Ocampo, optaron por lo que han hecho todos los presidentes en la
historia reciente: proponer una reforma tributaria, esta vez muy ambiciosa.
Aunque se habló de un recaudo de 50 billones de pesos, quedó en 22 billones.
Dicha
reforma está lejos de ser estructural. Ningún Gobierno la ha logrado, entre
otras razones, por la fuerte presión de quienes gozan de más exenciones. En
Colombia han sido aprobadas 21 reformas tributarias en las últimas tres
décadas, que han sido, básicamente, paños de agua tibia en un país
desfinanciado, incapaz de atajar la evasión y la elusión tributaria. De esta
manera se dejan de recibir unos 80 billones de pesos, según Ocampo.
¿Deben estar tranquilos los tenderos con la reforma tributaria de Petro? | Vicky en Semana - YouTube
Ante
el estallido social que desató la fallida reforma Carrasquilla del Gobierno de
Iván Duque, el presidente Petro ha dicho que no busca golpear a la clase media
y que los recursos servirán para fortalecer la “inversión social”.
Sin
embargo, la gran preocupación es que si las empresas se debilitan,
inevitablemente, se perderían empleos y esto afectaría a la clase trabajadora.
El Gobierno quiere que parte del dinero recaudado se use para sacar adelante la
reforma agraria, que pasa por cumplir con el histórico acuerdo que se acaba de
suscribir con los ganaderos: la compra de 3 millones de hectáreas de tierra por
60 billones de pesos. Este programa tendrá que ser manejado con lupa para evitar
excesos y corrupción.
¿Desestimular
la inversión?
En
el contexto mundial, la confianza en la economía colombiana afronta una
verdadera prueba de fuego. El dólar ha roto su propio récord y se cotiza por
encima de los 4.600 pesos. La acelerada devaluación del peso también es otro
indicador que preocupa.
Los
fondos de inversión están en alerta y los mensajes de un ministro como Ocampo,
respetado a nivel internacional, no han logrado calmar los ánimos. De hecho,
intervenciones del presidente Petro, como la de esta semana, preocuparon a tal
punto que Ocampo tuvo que salir a apagar el incendio. “El Gobierno no va a proponer control de cambios ni
va a imponer impuestos a los egresos de capital (...) No hay ningún temor para
estos inversionistas. Más aún, celebramos que los capitales extranjeros estén
entrando al país”, dijo el ministro.
De
cara al corto plazo, la pregunta que surge es cómo esta reforma tributaria
puede minar más la confianza y afectar el ambiente de inversión. No menos
importante es lo que hará el Gobierno para atajar una inflación que se volvió
el peor impuesto diario para la gente. Hay que reconocer que el fenómeno actual
de la inflación no es culpa del Gobierno Petro y tiene explicaciones en
factores internos y externos. Pero las próximas movidas de la Casa de Nariño
serán determinantes para ver si este problema se exacerba o se logra frenar.
Ahí es cuando el Gobierno debe tener cuidado y ser muy responsable.
¿Podrá
imponer un control de precios? Esa medida poco ayudará a que el mercado actúe
para incrementar la oferta de productos y servicios, lo cual podría empeorar el
problema. Recetas similares llevaron a la hecatombe a otros países de la
región, que ahora, años después, hablan de la importancia de atraer la
inversión privada, la misma que espantaron con medidas que ahogaron el aparato
productivo y obligaron al capital privado a migrar hacia otros lados.
El
2023 será un reto económico y social de gran escala para Colombia. La
desaceleración de la economía, según proyecciones del Banco de la República, no
tendrá vuelta de hoja el próximo año.
El
pronóstico es de un crecimiento de solo el 0,7 por ciento. Aunque hay metas de
recaudo optimistas, existen múltiples amenazas, y no propiamente locales, que
pueden llevar a que los recursos que se esperan por la reforma tributaria se
pierdan debido a un freno en la actividad económica. Es apenas obvio que en una
recesión el consumidor se apriete el cinturón y no gaste. Así el recaudo cae,
como ocurrió en la pandemia.
Mientras
tanto, en Estados Unidos la Reserva Federal ha subido las tasas de interés, lo
que ha llevado a que una hipoteca a 30 años, que hace un año tenía intereses
del 2,5 por ciento, hoy esté en 7 por ciento, y las señales de Jerome Powell,
presidente de la FED, son seguir aumentando. Tanto en ese país como en Colombia
la pérdida del poder adquisitivo de las personas es una de las más fuertes en
décadas.
En
el caso colombiano, a pesar de que en 2021 el incremento del salario mínimo fue
del 10,04 por ciento, ya la inflación se tragó dicha alza y hoy la preocupación
es de cuánto será el aumento del salario mínimo para el próximo año. No puede
ser por debajo de la inflación, pero hay que tener cuidado si con un aumento
excesivo se incrementa aún más el costo de vida, lo cual llevaría al Banco de
la República a seguir aumentando las tasas de interés, que, a su vez,
golpearían al consumidor, las empresas y la generación de empleo.
El
peor enemigo
Es
bien sabido que no hay impuesto que apriete más que el de la inflación,
indicador que no volverá al rango del 2 al 4 por ciento, que busca el Banco de
la República, hasta 2024 o 2025 si se hace lo correcto. Pero si al alto costo
de vida se le suman más impuestos, el panorama se les complicará a los
ciudadanos, muchos de los cuales podrían tomar la decisión de irse a otras
latitudes. Ejecutivos y el gran capital humano buscarán oportunidades en otros
países con climas tributarios más favorables.
Hoy
Colombia es un país que recauda en materia de impuestos el 18 por ciento de su
PIB, mientras que el promedio de las naciones de la Ocde llega al 33,1 por
ciento. Por eso, se espera que la reforma de Petro empareje el recaudo por
impuestos, como porcentaje del PIB, con el que tienen países de América Latina:
cerca del 21 por ciento.
La única manera de que los países crezcan es con una mayor productividad a lo largo del tiempo, más y mejor educación, capacitación del talento y una decidida inversión, incluyendo en esta la tecnología. Hasta ahora, el plan del Gobierno para lograr esos objetivos no es claro, falta orden y rumbo.
Adicionalmente,
sería una verdadera lástima que semejante esfuerzo tributario que harán los
colombianos y las empresas termine en un gasto poco eficiente y en los
bolsillos de los corruptos. Se hace necesario que los recursos se inviertan de
manera adecuada para atender las demandas sociales. De lo contrario, el país
habrá fracasado, una vez más, en empezar a resolver los problemas de fondo.
Tomado
de: https://www.semana.com/nacion/articulo/reforma-tributaria-dura-necesaria-pero-peligrosa-si-se-desborda-estos-son-los-puntos-criticos/202224/
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