En todos los asuntos de
política económica el ministro José Antonio Ocampo ha acostumbrado a ser claro
y contundente. Ha tirado línea dentro del Gobierno. Esto le ha valido el título
de adulto mayor, y le ha permitido desmontar a tiempo muchas fantasías fiscales
de sus colegas. Sin embargo, sobre el delicado tema del costo fiscal de la
reforma a la salud se ha mostrado vago y escurridizo.
Recordemos algunos episodios
de este tortuoso itinerario:
Primero, en compañía de sus
colegas de Agricultura, de Planeación y del descabezado ministro de Educación,
produjo un documento, según el cual, la reforma de la salud –durante lo que
queda de la administración Petro– costaba 90 billones de pesos. Este documento
parece que generó la ira presidencial, la caída de uno de los firmantes, y el
ministro Ocampo debió salir presuroso a revisar el cálculo inicial aduciendo
que se trataba apenas de un estimativo provisional.
Como consecuencia de esta
revisión que tuvo lugar en pocas horas, el ministro de Hacienda (mediante
comunicado oficial de su despacho) declaró que la reforma a la salud ya no
tenía un costo de 90 billones de pesos para el periodo 2023-2026, sino apenas
de 30 billones. La tranquilidad retornó a los círculos palaciegos y el agua que
estaba encrespada volvió a su cauce habitual.
Pero allí no pararon las
cosas. La semana pasada el Ministerio de Salud, en rueda de prensa convocada
sin asistencia del Ministerio de Hacienda, y por boca del director del Adres,
comunicó jubiloso que el costo fiscal neto de la iniciativa era de solo 3
billones de pesos para lo que queda del Gobierno de Petro, puesto que los
gastos que no estaban cubiertos con ingresos asegurados –dijo– eran
prácticamente insignificantes en el tramo final de la administración Petro.
Esta afirmación no ha sido controvertida por el Ministerio de Hacienda hasta
ahora. Claro que a renglón seguido el director del Adres agregó que el costo
total de la reforma proyectada para un periodo de diez años era de 118 billones
de pesos.
El domingo pasado, por último,
en entrevista concedida al periódico El Tiempo, el ministro de Hacienda dijo
que no se pronunciaba sobre el tema puesto que había varios proyectos a
consideración del Congreso, diferentes al gubernamental, y que por lo tanto
hasta que no se conociera el texto final que va a quedar no opinaba sobre el
costo fiscal de la iniciativa bandera de este Gobierno.
En síntesis: de 90 billones
pasamos a 30 billones de pesos, de esta cifra a 3 (según estimativo del
director del Adres), y finalmente llegamos a la indefinición hasta tanto se
conozca el texto unificado de las diversas propuestas que están sobre la mesa.
Recordemos que el ministro
Ocampo ha dicho en repetidas ocasiones que el límite de esta iniciativa –lo
mismo que el de las otras reformas– lo trazan las disponibilidades de la regla
fiscal. ¿Cuáles son esos límites? Seguimos en las tinieblas.
Es grave lo que está
sucediendo. Parecería que a diferencia de lo que ha acontecido con otros
asuntos, el delicado tema del costo fiscal de la reforma a la salud se está
manejando por el Ministerio de Hacienda con un espíritu contemporizador,
huidizo y tremendamente cambiante. Da la impresión de que quisiera pasar en
puntillas sobre tan espinoso asunto.
El Gobierno ha amenazado que
retirará el proyecto sino se satisfacen las líneas básicas de su visión sobre
lo que debe ser la reforma a la salud. Esta eventualidad parece haber sido
superada mediante el acuerdo a que llegó el Gobierno con los partidos políticos.
Queda por clarificar, sin embargo, qué hará si los estimativos finales de su
costo – hasta ahora esquivos y confusos– llegaran a mostrar que desbordan los
límites de las posibilidades fiscales.
Tomado de: https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/cuanto-cuesta-la-reforma-la-salud
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