Los cultivos ilícitos

 

El país está ante una ruptura. Es necesario velar para que se garantice prevalencia del bien común.

Si hay un frente en el que se ha sentido con mucha fuerza el cambio de gobierno es en el de los cultivos ilícitos. Tras varias décadas en las que no obstante los diferentes matices ideológicos de quienes tuvieron las riendas del país estuvo claro que la erradicación era una tarea de la que no se podía prescindir –fuera aérea o manual–, el enfoque que el gobierno de Gustavo Petro tiene del problema del narcotráfico ha llevado a que se frene la labor, al punto de que en enero la cifra de hectáreas intervenidas fue de cero.

El asunto es complejo y preocupante. Mientras voces como la del expresidente Iván Duque advierten que el país está ad portas de alcanzar la alarmante cifra de 300.000 hectáreas, el Gobierno parece confiado en que tiene la clave para afrontar el problema de una forma diferente. El Ejecutivo aspira a que la combinación entre las negociaciones con las organizaciones dedicadas al negocio en el marco de la ‘Paz total’, las acciones de interdicción y desmantelamiento de las estructuras financieras y una política que busque tener a los cultivadores de aliados de la estrategia gubernamental tarde o temprano rendirá frutos. La Policía, a través de su director, general Henry Sanabria, ha dicho, por su parte, que la interrupción de las labores es normal por tratarse de comienzo de año –pese a que esto no haya ocurrido en el mismo mes del año pasado– y que ya se ha retomado.

El debate es nutrido. El país está ante una ruptura en la forma de abordar uno de sus desafíos más importantes y es necesario velar por que el rumbo que se tome garantice la prevalencia del bien común y la tranquilidad de la población que habita las zonas cocaleras, como resultado de una presencia real y eficaz del Estado y sus instituciones. Esta debe ser la premisa. Es claro, como lo ha dicho no solo el presidente Petro, que la forma como se ha abordado el problema no ha tenido la eficacia deseada y requiere un profundo examen. Es verdad, también, que las economías ilícitas son caldo de cultivo para la consolidación del crimen organizado. Sin embargo, como recientemente lo planteó el columnista de este diario Gustavo Duncan, no está claro que exista una relación lineal entre cultivos ilícitos y violencia. Un actor indescartable aquí es Estados Unidos, donde, así mismo, se está dando la discusión, pero no al punto de que su política frente a los cultivos en países como el nuestro experimente un cambio de prioridades.

Es evidente, y esto no puede olvidarse, que el país del norte, aliado de siempre, sigue esperando de esta administración una hoja de ruta clara, con objetivos e indicadores. También en el panorama interno es urgente conocer cuál será la meta de erradicación forzada de este año, un pendiente clave para aterrizar la estrategia.

Estamos, pues, en un momento de quiebre. El Gobierno se ve ante el desafío de hallar un abordaje distinto del problema, que no conduzca a un crecimiento desbocado del negocio, mientras quienes se benefician de este se consoliden como amos y señores de vastas regiones, con el potencial de ejercer más violencia e intimidación a las comunidades. Lo que se debe lograr, como ya se dijo, es mantener a raya el narcotráfico al tiempo que se construye un Estado fuerte y legítimo en territorios donde su presencia en muchas ocasiones se ha limitado, vaya paradoja, a las avionetas que fumigan. El primer paso es una estrategia pública, robusta e integral, que por ahora no se ve, pero que el Gobierno está en capacidad de materializar con sensatez. Es el momento.

Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/los-cultivos-ilicitos-editorial-el-tiempo-746799