No puede uno dejar de
preocuparse cuando revisa las noticias o los posts de X y se da cuenta de que
la forma de gobernar de este gobierno es generando caos e incertidumbre.
Respetable –dirán algunos–
que, si llegaron al poder, gobiernen como les parezca. Lamentablemente, cada
una de las desacertadas decisiones del presidente, sumada a su nefasta forma de
comunicación, causan un daño irremediable al país, veamos algunos aspectos:
Para generar riqueza, lo
primero es generar confianza inversionista, tanto nacional como internacional.
Sin embargo, el equipo económico del Gobierno del cambio se dedica a
desestabilizar de tal forma al país que han logrado paralizar la inversión…
¡decrecer la economía!, diría una popular exministra… Las adversas reformas del
Gobierno del cambio, principalmente las de la salud, la laboral y la pensional
parecen diseñadas para acabar con el mayor enemigo de este Gobierno, la empresa
privada.
De otra parte, so pretexto del
estado de desastre ocasionado por el muy esperado fenómeno de El Niño –que
todos sabíamos que venía, pero que nada se hizo para prepararse para recibirlo–
se dictan medidas que en realidad lo que hacen es seguir atacando sectores
importantes para nuestro desarrollo económico. Por citar solo un ejemplo, el
Decreto 044 de 2024, que afecta gravemente la estabilidad jurídica y los
derechos adquiridos de las empresas de minería, al establecer la posibilidad de
decretar unas áreas como reserva temporal por 10 años y excluir la actividad
minera en dichas áreas independientemente de las licencias o títulos
previamente adquiridos. Es decir, que so pretexto de la situación de desastre,
se dictan unas medidas temporales que tendrán consecuencias definitivas para el
sector de la minería.
Medidas como esa lo que
muestran no es la intención de conjurar una crisis (generada por ellos mismos
con sus malas decisiones y su falta de ejecución), sino imponer su ideología,
pasando por encima del ordenamiento legal vigente y por supuesto, obviando el
paso por el Congreso.
Medidas como esa no solo hacen
daño al sector minero, sino a todos los sectores económicos, pues todos los
inversionistas ya tienen en cuenta esta particular forma de administrar al
momento de analizar los riesgos, lo cual, lamentablemente, ya se ve reflejado
en el crecimiento económico del país.
Factor político
El equilibrio armónico de
poderes, respetando la autonomía de las cortes y de todo el aparato judicial,
así como a los diferentes órganos y entes de control, es sin lugar a duda pilar
fundamental del Estado de derecho, en el cual, además, el sometimiento del
gobernante al imperio de la ley es parte de las reglas previas establecidas.
Sin embargo, aquí de manera peligrosa y con el único fin de buscar impunidad
frente a sus reprochables acciones que atentan contra la Constitución Política
y el ordenamiento legal, el presidente de la República disfraza de supuesto
golpe de Estado, lo que en realidad no es más que el actuar de la justicia y
los órganos de control. De manera absolutamente descarada, desacatan las
decisiones de los órganos de control, y con una narrativa peligrosa, conjuran a
la población a una guerra civil. Una reacción de este calibre no está a la
altura de la institución presidencial, pues es él, el primer llamado a respetar
y acatar la Constitución y la ley y propender por la unidad nacional.
La relación con el Congreso,
de otra parte, ha sido manejada acudiendo a las mismas prácticas que otrora
reprocharon. Las reformas avanzan de forma bastante cuestionable: las
violaciones a la Ley 5 de 1992 han sido flagrantes, y seguramente no soportarán
el rigor del análisis de la Corte Constitucional. Cuando ello ocurra, no será
otro “rompimiento de la institucionalidad” por parte del órgano de cierre
constitucional, como seguramente querrán hacerle creer al país, será la
consecuencia de los vicios de trámite y procedimiento que a lo largo del debate
han advertido los juiciosos representantes a la cámara y senadores de la
oposición y que han sido desconocidos por la coalición de gobierno en su afán
de sacar las reformas al costo que sea.
Ahora bien, si revisamos la
relación del Gobierno nacional con los gobernantes locales, encontramos otro
duro golpe a la institucionalidad. El Gobierno del cambio parece querer
gobernar únicamente con lo que han dado en llamar “gobiernos amigos”. En algún
momento vimos un mapa de colores en los cuales el presidente señalaba con
quienes sí y con quienes no. ¡ASÍ NO ES! La realidad es que el presidente debe
gobernar para todos los colombianos, y en ese sentido la colaboración armónica
y la coordinación interinstitucional es absolutamente necesaria para lograr los
fines del Estado, que, en últimas, es para lo que fue elegido el presidente.
Los proyectos del Gobierno
deben articularse con las necesidades de las regiones, de esa forma es que se
logra impactar la calidad de vida de todos los colombianos, especialmente los
de la Colombia profunda.
Factor social
La campaña electoral terminó a
mediados de 2022. Desde el 7 de agosto del mismo año los colombianos estamos
esperando que el Gobierno del cambio empiece a trabajar para solucionar los
innumerables problemas que aquejan el país y deje de estar culpando de todo a
los gobiernos anteriores. Así es, el espejo retrovisor jamás ha servido para
llevarlo a uno a ninguna parte, quien conduce debe hacerlo mirando siempre al
frente y, sobre todo, sabiendo a donde quiere llegar. En este momento el
Gobierno debe centrar su esfuerzo en la realidad actual y con visión
prospectiva, apuntar a resolver la causa raíz de la problemática social de
nuestro país. Es hora de asumir responsabilidades a quien hoy las ostenta.
No se puede pretender
solucionar los problemas actuales con discursos cargados de odios, rencores,
venganzas y actitudes revanchistas que NUNCA llevarán a la “paz total”… tal
vez, si acaso, sirva para conseguir otro desteñido Premio Nobel.
Factor militar
La relación con el Congreso,
de otra parte, ha sido manejada acudiendo a las mismas prácticas que otrora
reprocharon. Las reformas avanzan de forma bastante cuestionable: las
violaciones a la Ley 5 de 1992 han sido flagrantes, y seguramente no soportarán
el rigor del análisis de la Corte Constitucional. Cuando ello ocurra, no será
otro “rompimiento de la institucionalidad” por parte del órgano de cierre
constitucional, como seguramente querrán hacerle creer al país, será la
consecuencia de los vicios de trámite y procedimiento que a lo largo del debate
han advertido los juiciosos representantes a la cámara y senadores de la
oposición y que han sido desconocidos por la coalición de gobierno en su afán
de sacar las reformas al costo que sea.
Ahora bien, si revisamos la
relación del Gobierno nacional con los gobernantes locales, encontramos otro
duro golpe a la institucionalidad. El Gobierno del cambio parece querer
gobernar únicamente con lo que han dado en llamar “gobiernos amigos”. En algún
momento vimos un mapa de colores en los cuales el presidente señalaba con
quienes sí y con quienes no. ¡ASÍ NO ES! La realidad es que el presidente debe
gobernar para todos los colombianos, y en ese sentido la colaboración armónica
y la coordinación interinstitucional es absolutamente necesaria para lograr los
fines del Estado, que, en últimas, es para lo que fue elegido el presidente.
Los proyectos del Gobierno
deben articularse con las necesidades de las regiones, de esa forma es que se
logra impactar la calidad de vida de todos los colombianos, especialmente los
de la Colombia profunda.
Corolario
Es hora de pasar de la
verborrea ideológica a los hechos que solucionen problemas. La situación vivida
en 18 meses de gobierno demanda resultados tangibles y contundentes. Las
reformas y propuestas de cambio tienen que ser analizadas, discutidas, aterrizadas
de manera constructiva, para que NO terminen siendo ideas etéreas, convertidas
en sílabas al viento. “No podemos los colombianos seguir tomando sopa con
tenedor”.
Tomado de: https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/7384774282337441779/2007516523944311653
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