El respeto a las instituciones legítimas del Estado es imperativo para que la sociedad pueda convivir en armonía y el Gobierno cumpla adecuadamente la tarea para la cual fue elegido.
David Rene MorenoLos hechos de violencia y
diversas fechorías cometidas recientemente por delincuentes de todos los
pelambres en diferentes partes de nuestra geografía nos muestran que lamentablemente
el país ‘perdió el año’ en el tema de seguridad, concepto vital que incorpora
las bases fundamentales para mantener la paz, el orden y las libertades.
El respeto por las
instituciones legítimas del estado es imperativo para que la sociedad pueda
convivir en armonía y para que el gobierno cumpla adecuadamente la tarea para
cuál ha sido elegido, pero las recientes asonadas contra el Ejército Nacional
nos muestran que hay provocación y menosprecio de la autoridad por parte de
algunas comunidades.
La justicia debe ser oportuna
para castigar a quienes han agredido a los miembros de la fuerza pública y el
estado debe cumplir su tarea de mantener a la sociedad totalmente protegida
contra cualquier agresión y no impedir que los militares y policías cumplan con
su tarea constitucional de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo, así como hacer respetar por todos los ciudadanos a este
instrumento de fuerza legal del estado.
La seguridad es transversal a
todas las actividades de una sociedad y se constituye en el motor de
desarrollo, de inversión, de progreso y por consiguiente de la prosperidad de
un país. Sin embargo, desde hace algún tiempo se ha patrocinado el ultraje e
irrespeto a la autoridad e integrantes de la izquierda han apoyado a quienes
subvierten el orden, haciendo aparecer falsamente la perturbación de la paz
como un ‘estallido social’
Paradójicamente, se premia la
corrupción y a los que violan las leyes, así como se considera que quienes
transgreden las normas y las disposiciones legales son los líderes; se han
perdido los principios y
valores en la familia y en la sociedad. La mala interpretación del precepto
constitucional del libre desarrollo de la personalidad ha hecho que se pierda
el control y la guía sobre los hijos, así como el respeto por los padres, por
la autoridad y por los símbolos patrios. Sin seguridad siempre se llegará al
caos, a la anarquía, a la pobreza y al subdesarrollo; esto es posiblemente el
cambio prometido por el gobierno de izquierda en funciones, pues al analizar
los últimos 18 meses de ejecutorias de esta administración, se comprueba con tristeza
como ha crecido la violencia en el campo y en las ciudades, como se han incrementado
los cultivos de coca, como se ha encarecido la canasta familiar y como se afecta
la economía. Pero también la polarización de la población crece día a día, se
deteriora la imagen del país en el exterior, se promueve un enfrentamiento
violento por ideologías políticas, se busca afectar la economía con la
suspensión de la exploración, explotación y comercialización de combustibles
fósiles bajo el sofisma de la descarbonización del mundo; se puede decir que el
balance del gobierno está en números rojos. Dentro de una estrategia equivocada
en búsqueda de la paz total el gobierno se ha colocado al mismo nivel de los
grupos delincuenciales y es así como el ELN seguramente aprovechará nuevamente
las negociaciones para fortalecerse y continuar su carrera delictiva, a lo cual
otras organizaciones fuera de la ley seguirán el mismo camino para obtener
beneficios a costillas del estado y seguiremos en la misma incertidumbre que genera
la falta de seguridad. La paz no llegará caída del cielo; se requiere que el
gobierno sea consciente de su papel frente a sociedad y negocie sin entregar el
país a los bandidos, sin afectar la democracia, sin ofender la grandeza y
majestad del estado y sin buscar beneficios para su ideología política. Se debe
recordar que la Fuerza Pública no tiene vedado el acceso a ninguna parte del territorio;
probablemente la acción violenta de las comunidades está motivada por la protección
de actividades ilícitas que no pueden ser protegidas por las autoridades, como
el cultivo de coca y la producción de narcóticos.
No se escuchan las voces del
jefe de gobierno ni del ministro de defensa condenando la asonada contra el
Ejército ni defendiendo los derechos humanos de nuestros soldados.
Quien impida la aplicación de
la ley frente al ataque a la fuerza pública es cómplice del delito.
Iván Rene Moreno
Tomado de: https://www.semana.com/opinion/articulo/menosprecio-a-la-autoridad/202425/
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