En
medio de una crisis climática cada vez más evidente, el país y el mundo buscan
con urgencia la fórmula para abandonar la dependencia de los combustibles
fósiles. La dificultad está en lograrlo sin sacrificar la economía ni la
seguridad energética. Así vamos.
Desde
hace más de tres décadas, el mundo busca la manera de avanzar hacia la
transición energética sin poner en riesgo el suministro de energía ni una de
las principales fuentes de ingresos para la economía. Los países nórdicos están
a la vanguardia en este proceso, pues actualmente producen más del 90 por
ciento de su energía a partir de fuentes limpias y son grandes exportadores
hacia el resto del continente. Sin embargo, lo que sucede en Alemania evidencia
la complejidad del desafío. La reducción en el suministro de gas, debido a la
guerra entre Rusia y Ucrania, obligó al país a aumentar la explotación de
carbón, poniendo en un segundo plano sus compromisos climáticos.
En
América Latina esta discusión tiene un tinte diferente. La mayoría de los
países cuentan con matrices limpias. Por ejemplo, Chile, México y Brasil han
aumentado en los últimos años la producción de energías renovables por encima
del 60 por ciento, y Uruguay alcanzó más del 90 por ciento, incluyendo al
hidrógeno verde dentro de su oferta energética. Debido a que algunas economías
de la región dependen en gran parte de la exportación de hidrocarburos, el
desafío está en cómo reemplazar los ingresos que provienen de esta actividad.
Giovanni
Pabón, director del Área de Energía en el Centro de pensamiento Transforma,
llama la atención sobre la diferencia entre transición económica y energética.
“La económica es cuando, por ejemplo, un país decide dejar de ser agricultor y
comenzar a exportar otro recurso. Mientras que la transición energética es un
concepto que se refiere exclusivamente a cómo un país usa su energía para
moverse”. El caso colombiano ilustra muy bien este dilema. Aunque el país
cuenta con una matriz limpia, pues el 70 por ciento de su energía se origina en
hidroeléctricas, buena parte de los ingresos fiscales provienen de la
exportación de petróleo y carbón. Una de las principales banderas del Gobierno
del presidente Gustavo Petro es revertir esta dependencia.
Aunque
existe un relativo consenso sobre la necesidad de emprender este camino, la
propuesta ha recibido múltiples críticas. “Comunicar este cese sin un plan de
transición económico y social solo genera más dudas. Sabemos que existen cerca
de 400 contratos de exploración, pero la pregunta es si con eso que ya tenemos
es suficiente para mantener la energía en los próximos años. Y no tenemos
cifras al respecto”, agregó Pabón.
Incluso
dentro de un sector del ambientalismo han surgido fuertes cuestionamientos
sobre esta política. El exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra
ha sido una de las voces más visibles en esta discusión. “Prohibir en Colombia
las exploraciones de gas y petróleo es un absurdo, si el país deja de exportar
hidrocarburos en esta década entrará en crisis económica”, ha repetido en
varias ocasiones.
En
los próximos meses se definirá el rumbo que tomará la transición energética en
Colombia, cuando el Gobierno presente la hoja de ruta. Lo cierto es que, aunque
es un hecho innegable que la quema de combustibles fósiles es la principal
causante del calentamiento global, persisten muchos vacíos sobre las fórmulas
idóneas para construir sociedades que no dependan de ellos para subsistir.
Aunque
se ha vuelto cada vez más habitual hablar de transición energética, la mayoría
de las personas cree que se trata de reemplazar los combustibles fósiles por
energía renovable para reducir la emisión de gases, responsables del
calentamiento global. Sin embargo, este proceso es mucho más complejo porque
exige avances tecnológicos e implica un cambio profundo en los patrones de
consumo de la sociedad. Por ejemplo, que una familia compre un carro eléctrico
en vez de uno impulsado por gasolina.
En
palabras de José Vuelvas, director de la maestría en Energía y Sostenibilidad
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, “la transición
energética va más allá del petróleo y del uso de energía solar fotovoltaica y
torres eólicas. Es un despliegue largo y complejo de tecnologías, hablamos
también de hidrógeno, de biomasa, de geotermia, de eficiencia energética, de
cambiar los dispositivos en la industria y en el hogar para que sean más
eficientes energéticamente. Tampoco basta con producir energía limpia, hay que
considerar su consumo”.
En
el caso colombiano, la transición energética además implica modificar la
estructura económica, tomar decisiones relacionadas con la política minera,
conciliar con las comunidades, evaluar los impactos ambientales negativos
(porque las energías verdes también los tienen) y fomentar políticas públicas
que vayan más allá de desincentivar la producción de combustibles fósiles,
promuevan la construcción de infraestructura y faciliten el uso de energías
renovables.
Aunque
Colombia solo genera alrededor del 0,5 por ciento de los gases de efecto
invernadero (GEI) que se emiten en todo el mundo, ratificó el Acuerdo de París
y está comprometida con la meta de reducir a cero las emisiones netas de
carbono para 2050. “Además de necesaria, la transición energética es
imprescindible e inaplazable para poder cumplir con estos compromisos. La
integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz
energética hace al país más resiliente frente al cambio climático”, precisó
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía.
Por
su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, advirtió que la humanidad
debe transitar hacia un mundo carbono neutral. “Desde la industria del gas
natural hemos reiterado que Colombia necesita consolidar la transición
energética a través de la implementación de acciones enfocadas en el uso de
tecnologías que permitan generar energías más limpias, descarbonizar las
actividades económicas y que a la vez propendan por el bienestar de los
colombianos y aprovechen todos los recursos naturales disponibles”.
Proceso
Gradual
El
consenso sobre la necesidad de avanzar en la transición energética es claro,
sin embargo, hay discrepancias con respecto a la ruta y el tiempo que duraría
este proceso. El debate se ha concentrado en el anuncio de la ministra de Minas
y Energía, Irene Vélez, de acabar de un solo tajo con la contratación de nuevos
proyectos de exploración de hidrocarburos. El Gobierno justifica su posición
argumentando que Colombia debe dejar de ser dependiente económicamente de la
extracción de combustibles fósiles porque en la medida en que el mundo avanza
también en la transición, eventualmente no tendrá quién se los compre.
Si
bien el argumento es cierto, los críticos, e incluso algunos aliados del
Gobierno, señalan que acabar con los proyectos de exploración casi de inmediato
causaría mucho daño. La transición energética y la diversificación de la
economía deben hacerse de manera gradual. “Esto tiene que ir acompañado de una
estrategia de transformación productiva que diversifique la economía, de modo
que esta dependa cada vez menos del carbón y de los hidrocarburos, solo así
será posible la reconversión laboral. Esta transición le tomará al país más de
12 años, no se puede pensar con el deseo de que se pueda acelerar, porque, tal
como ha ocurrido en Europa, se pondría en riesgo no solo la seguridad sino
también la soberanía energética”, aseguró Acosta.
Incluso
ambientalistas que han apoyado la política ambiental del presidente Gustavo
Petro y son críticos de la industria de los hidrocarburos han expresado sus
reparos. Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, escribió en Twitter:
“Colombia debe hacer la transición energética para dejar de consumir
combustibles fósiles. Y debe explotar petróleo y gas para la exportación
mientras sea competitivo y por consiguiente haya demanda por sus combustibles.
Dejar de hacerlo no tiene efecto en el cambio climático”.
De
hecho, según XM, una administradora del mercado eléctrico, cerca del 68,4 por
ciento de la energía producida en el país proviene de fuentes hídricas, 13,3
por ciento del gas natural y 9,5 por ciento del carbón. Es decir, que nuestra
matriz de generación energética es en realidad verde. Además, de acuerdo con el
Tercer Informe Bienal de Actualización de Cambio Climático de Colombia (2021),
los sectores que más GEI producen son los de agricultura, silvicultura y otros
usos de la tierra, que equivalen a un 59,1 por ciento, mientras que el de la
industria de la energía y de emisiones fugitivas de fabricación de combustible
alcanzan el 8,1 y el 3 por ciento, respectivamente.
Otro
aspecto que preocupa es que el Gobierno incluyó al gas natural dentro del
paquete de energías fósiles a reemplazar cuando, en realidad, es un componente
clave de la transición. De hecho, a mediados del año pasado el Parlamento
Europeo lo clasificó como energía verde. “El gas natural se confirma como la
pieza clave del rompecabezas para acelerar la transición a las energías
renovables, porque es un energético de bajas emisiones, económico y disponible
en Colombia, que brinda respaldo y confiabilidad a la generación eléctrica
frente a las intermitencias de la energía eólica y solar. Esto no es un
eslogan, es una realidad”, enfatizó Murgas.
De
acuerdo con el profesor Vuelvas, en este proceso “vamos a dejar de producir
hidrocarburos y a explotar de manera intensiva recursos minerales, porque las
tierras raras y metales como el cobre son necesarios para fabricar los aparatos
tecnológicos que la industria de las energías renovables requiere”. La Agencia
Internacional de Energías Renovables ha pronosticado que, en el caso del cobre,
del que se necesitan 4,7 toneladas para construir un aerogenerador de tres
megavatios, su demanda aumentará a más del 600 por ciento en 2050.
¿Esto
significa que las energías renovables intensificarán la minería? ¿Cómo
gestionar el impacto ambiental con el aumento de esta actividad? ¿Se le dará
vía libre a la minería, pero no a la explotación de hidrocarburos? Las
respuestas a estas preguntas no están del todo claras. La discusión del Plan
Nacional de Desarrollo que comenzó en el Congreso permitirá comenzar a despejar
dudas, así como la presentación de la hoja de ruta de la transición propuesta
por este Gobierno que está prevista inicialmente para marzo.
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