María Claudia Lacouture
Colombia cuenta en muchos
ámbitos con un exceso de regulación que impide una gestión eficiente tanto por
quien controla como quien ejecuta las acciones reguladas. Ese exceso de
regulación ha llevado a que sea mejor no cumplir con las leyes por la incapacidad
de cumplirlas y que el país tenga dificultades de mejorar su ubicación en los
índices de libertad económica.
En el ranking que hace The Economist sobre las competencias de los
países para atraer inversión de nearshoring o relocalización, Colombia saca un
puntaje de 4,5 sobre 10, principalmente por la poca eficiencia de sus
políticas, que en lugar de promover la inversión la limita. Es un
llamado a que se haga más gestión y crear condiciones para una regulación
permanente, diligente y eficiente.
Como en muchos países en
desarrollo, en Colombia existe una tendencia a responder a los problemas o
desafíos con nuevas regulaciones sin evaluar completamente su necesidad o
impacto. Es el caso de la nueva ley 1165, o estatuto aduanero, donde en vez de
aplicar la ley y hacer gestión para el cumplimiento se establece mayor
regulación que limitara el comercio exterior tan necesario para el desarrollo
en tiempos de desaceleración.
El exceso de
regulación implica más obstáculos y costos adicionales para empresas,
desincentiva la innovación, aumenta la carga administrativa tanto para el
sector público como para el privado, congestiona y entorpece los procesos
logísticos y empuja hacia la informalidad para eludir las pesadas cargas que se
imponen.
Las regulaciones son
necesarias, por supuesto, nadie quisiera un mercado desregularizado, de lo que
se trata es de tener un régimen claro, transparente y que facilite la dinámica
económica del país, que su gestión fluya sin andar por los recovecos de la desconfianza
ni con barreras innecesarias. Es más sensato modernizar y fortalecer los
recursos y capacidades en las agencias de control y articular a todas las
entidades gubernamentales en el mismo propósito.
También se puede complementar
con el desarrollo de pilotos para cumplir con las regulaciones establecidas y
determinar dónde están los obstáculos o las fallas para mejorar. Los proyectos
piloto permiten probar cómo funcionaría una nueva regulación en la práctica,
identificando posibles problemas, necesidades o fallas antes de su
implementación a gran escala, permite que las regulaciones interactúen con la
realidad del mercado y la sociedad, posibilita los ajustes a las regulaciones
basándose en los resultados del piloto para ser más efectivas y menos
intrusivas y además involucra a las partes interesadas (empresas, consumidores,
gobierno) en el proceso de formación de regulaciones.
Tenemos que dejar de resolver
la falta de capacidad de gestión con más regulación, ser conscientes que estos
procesos cada vez más van llevando al país a una ineficiencia que le resta
competitividad y certidumbre para lograr que se dé la inversión y el buen
desarrollo de los procesos productivos tan necesarios para el crecimiento de
Colombia.
Se requiere que pensemos más
en un enfoque integral que aborde las raíces de la ineficiencia, incluyendo la
falta de recursos, la necesidad de mejorar la capacitación y la tecnología y
controlar los factores como la corrupción, el contrabando, la informalidad que
son factores que nos mantienen en la retaguardia de desarrollo.
Tomado de: https://www.larepublica.co/analisis/maria-claudia-lacouture-402341/mas-gestion-menos-regulacion-3830435
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