Ante alzas de más del 25 % en el último año, empresas del sector plantearon varias acciones.
Desde
hace tres meses, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) analiza posibles escenarios de solución al fuerte
aumento del precio de la energía eléctrica en el país, el cual, según el Dane,
acumuló en agosto una variación anualizada del 25,9 por ciento y del 20,38 por
ciento en lo que va del año.
Una
situación originada principalmente en el fuerte aumento del índice de precios al
productor (IPP), que desde comienzos del 2021 se ha distanciado de forma
importante del índice de precios al consumidor (IPC), y que es una variable a
la cual están indexados los contratos de generación, transmisión, distribución
y comercialización de electricidad.
Y
de forma simultánea con este fenómeno inflacionario global, la situación se ha vuelto más crítica para los
más de 2,67 millones de habitantes de la región Caribe, quienes, por la
aplicación del esquema adoptado para resolver la crisis de Electricaribe, deben
pagar en sus facturas un mayor precio por el componente de pérdidas de energía,
autorizado por la Creg a las empresas Afinia y Air-e, como contraprestación al
compromiso de inversión para mejorar la calidad del servicio en el mediano
plazo.
Según
datos recientes, las pérdidas de Air-e siguen arriba del 30 por ciento y para
Afinia están en 27,19 por ciento, muy por encima de los demás mercados, lo cual
ha hecho no solo que hoy este factor represente 29 por ciento del costo de cada
kilovatio en el caso de la primera empresa, sino que sus tarifas registren un
aumento de 51,8 por ciento en junio frente a enero del 2021.
Ante
esto, una explosión social podría estarse cocinando en Barranquilla y gran
parte del Caribe ya que la comunidad amenaza con no pagar las facturas, salir a
protestar o llevarse sus inversiones a otras ciudades.
Para
el alcalde Jaime Pumarejo, el incremento de la energía eléctrica resta empleos
y ahorca hogares. “La ‘reforma tributaria’ del Caribe ya llegó y la estamos
sufriendo hace meses. Urge debatir las soluciones”, dijo en su cuenta de
Twitter. El último informe del Dane reveló que en Barranquilla el aumento del
servicio fue de 44,42 por ciento, lo que la dejó como la ciudad con la energía
más cara en agosto.
La
situación ha provocado airadas reacciones de los costeños, como la quema de una
camioneta de la empresa Afinia en Puerto Libertador, Córdoba, la destrucción de
una oficina de Air-e en Riohacha y marchas.
Sin
embargo, las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía,
representadas por el gremio Asocodis, le hicieron ver al Gobierno, en una carta
enviada el 22 de agosto, que en aplicación del mecanismo de opción tarifaria,
diseñado para diferir en el tiempo los sobresaltos de la tarifa por alguno de
sus componentes (pérdidas, restricciones, aumento del IPP y la pandemia, entre
otros), el sector ha dejado de cobrarles a los usuarios del país, desde el
2020, sumas que ya bordean los 4 billones de pesos, y que hay que recuperar en
algún momento.
"Los
comercializadores han actuado como fondo de estabilización, porque la opción
tarifaria es un fondo de estabilización", señaló José Camilo Manzur,
presidente del gremio de comercialización y distribución de energía.
Las
alternativas
Ante
ello, los gremios Andesco, Acolgén, Andeg y Asocodis le plantearon al Gobierno
alternativas de corto y mediano plazo no solo para resolver la coyuntura
actual, sino para que los precios se estabilicen en el futuro, iniciativas que
ya están siendo analizadas por la Creg y los ministerios de Hacienda y de Minas
y Energía.
En el corto plazo, las propuestas son dos. La primera, que todos los agentes de
la cadena financien una parte de los componentes de generación y transmisión.
Así,
los generadores y transmisores financiarían el 10 por ciento de las compras a
través de contratos (no incluye las transacciones en bolsa de energía) y del
mismo porcentaje del cargo de transmisión, como mínimo durante un año, y luego
este valor los agentes lo recuperan en los siguientes dos años, a través de la
tarifa.
Y
para que el usuario vea el beneficio en su factura, se requiere que la Creg
revise y ajuste la regulación vigente de la opción tarifaria, de tal manera que
se puedan aplicar aumentos diferenciales por segmentos de la población,
buscando darles mayor alivio a las personas de menos ingreso, ya que
actualmente, por norma, el reajuste debe ser el mismo para todos los usuarios.
A
esto se suma la idea de limitar, durante un año, el incremento esperado del IPP
en los contratos de compras de energía a un porcentaje máximo, que puede ser el
menor valor entre el IPP y el IPC, lo cual delimitaría el incremento de este
componente de la tarifa.
José
Camilo Manzur, presidente de Asocodis, cree que también es clave analizar la
necesidad hacia adelante, de una opción tarifaria con un umbral de crecimiento,
que puede ser máximo el IPC, con mecanismos de financiación entre todos, ya que
así se puede frenar la espiral alcista en el futuro.
A
mediano plazo, señalan que se deben revisar los impactos sobre la modificación
de los indexadores en la fórmula tarifaria, para definir si es adecuado o no su
replanteamiento, al igual que analizar otros componentes que afectan el costo
unitario de cada kilovatio, como las pérdidas y restricciones.
Para
Manzur es clave que toda solución esté enmarcada en dos objetivos: minimizar el
impacto a los usuarios y garantizar la sostenibilidad de las empresas para la
prestación del servicio y la expansión requerida por el país.
Y
dijo que el sector comparte la idea de un fondo de estabilización, lo cual
sería conveniente en todo el país y en especial en mercados en condiciones
socioeconómicas complejas en materia social y de vulnerabilidad, como Nariño,
el Caribe y el Cauca, entre otros.
‘Las
soluciones deben ser articuladas’
Siete preguntas
a Jorge Valencia, director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y
Gas
¿Qué
acciones pueden llegar para aliviar las alzas de la energía?
Este
no es un tema de las últimas semanas y venimos hace unos tres meses
estudiándolo. Las alternativas que se están evaluando comprometen temas que van
más allá de la capacidad de decisión de la Creg y eso es lo que hemos estado
hablando con el Gobierno. Estamos evaluando en conjunto qué políticas se
podrían tomar desde la regulación y desde la política, pero tienen que ser
soluciones articuladas.
¿Y
en las facultades de ustedes qué estaría?
Eso
es lo que estamos evaluando, es decir, dentro de las competencias qué podríamos
revisar para que esta situación se resuelva y salgamos de esta coyuntura. No
puedo decir exactamente qué, porque es parte de lo que estamos estudiando.
¿Qué
no está en su radar?
Por
ejemplo, no podemos otorgar más subsidios. Ese tipo de cosas no está dentro del
resorte de la Comisión y claramente no son competencia de la Creg.
¿Es
una situación similar a los alivios dados en la pandemia?
Ese era
otro contexto diferente, porque era una situación provocada a partir de una
emergencia sanitaria, que nadie tenía prevista. Entonces hay un contexto
completamente diferente. Eso es parte de lo que nos tiene estudiando tanto.
¿La
indexación al IPP depende de la Creg?
Los
precios de los contratos y los indexadores son negociación entre las partes.
Cuando hablo de negociaciones es el resultado de convocatorias públicas en las
que en los pliegos está definido qué indicador se va a utilizar para los
precios. Eso está definido entre comercializadores y generadores, y la Creg no
tiene ahí mayor injerencia.
¿Cuándo
esperan tener alguna luz de las soluciones?
¿Hay
análisis aparte a la región Caribe por el mayor impacto del componente de
pérdidas de energía en la tarifa?
Estamos
mirando la problemática para todo el país.
Nota: ¿Qué tiene que ver el usuario con las perdidas?
No hay comentarios:
Publicar un comentario