El discurso de convocar un gran pacto requiere enfrentar el momento complejo de la economía.
La justificación de años de
violencia armada se ha centrado en la exclusión de quienes no han tenido cómo
hacer realidad la garantía de derechos y oportunidades. El reclamo permanente
de espacios de participación y de propuestas vinculantes construidas con
enfoque diferencial que incluya variadas visiones de país, no debe convertirse
en el arma para acabar con quienes tienen una noción de desarrollo económico
que obedece a la dinámica global, que exige control de cifras macroeconómicas
de las que dependen el empleo, el ingreso de las familias, la inversión
privada, los ingresos y el gasto público.
La bandera política de
inclusión y el discurso de convocar un gran pacto requiere enfrentar el momento
complejo de la economía, ante los anuncios de las dificultades que se aproximan
para el 2023 a nivel mundial y que proyecta preocupantes perspectivas para
Colombia.
Los dos meses siguientes son
definitivos para las decisiones que tomará el Congreso. Ya el Gobierno demostró
su fuerza política, pues vimos pasar la aplanadora que, con una mayoría
variopinta, logró el avance de la reforma tributaria, la reforma política, el
marco jurídico para negociaciones con grupos armados ilegales, el acuerdo de
Escazú, decisiones con incidencia en el mediano y largo plazo sobre una nación
que, si no logra superar la polarización, tampoco obtendrá estabilidad.
El expresidente Álvaro Uribe
ha llamado la atención sobre la necesidad de un acuerdo entre Gobierno,
Congreso, trabajadores y empresarios; debería entonces el presidente Petro
demostrar su talante democrático y su verdadera voluntad de transitar hacia la
paz, que exige incluir a todos los sectores, para lograr los acuerdos
necesarios que impulsen a Colombia a convertirse en una sociedad respetuosa.
Es la oportunidad para la
construcción del interés nacional que convoque a los diferentes sectores de la
población, cuyo eje debe ser la economía. Porque ¿cómo se obtienen los recursos
necesarios para las inversiones exigidas en garantizar el ejercicio de los
derechos? Los trabajadores, los independientes, la población en general está a
la expectativa de lo que pueda pasar; a los empresarios se les siente nerviosos
y preocupados, pero todos dispuestos a encontrar salidas y a apoyar las
iniciativas que despejen una ruta segura para el país.
A pesar de las mayorías en el
Congreso, las reformas no deben ser impuestas. Recordemos que la nación
colombiana está dividida y polarizada y que la inclusión exige que las voces
independientes, minoritarias y de oposición sean tenidas en cuenta, porque de
lo contrario sería cambiar de actores, sin lograr el propósito de un pacto que
deje transformaciones históricas.
Los temas están en el ambiente
diario: definir si es el momento para frenar en seco la inversión en el sector
minero energético al que se le carga el 51 % de los ingresos esperados en la
reforma tributaria, la distribución de los recursos adicionales en el
presupuesto 2023, el aumento del salario mínimo y su efecto sobre la inflación
y por tanto las medidas que el Banco de la República debe continuar tomando
para controlarla.
Las nacientes expresiones de
movilizaciones masivas auguran la inconveniencia de ignorar a esa gran parte
del país que no está de acuerdo con las mayorías postizas que se dan entre el
ejecutivo y el legislativo.
La propuesta es convocar una
sala permanente de crisis con el presidente a la cabeza, el ministro de
Hacienda, organizaciones sociales, sindicales y empresariales, el Congreso y
los partidos políticos, que tienen responsabilidad futura (que se reflejará en
las urnas del 2023) para la definición de la visión de país, en el que quede
plasmada la diversidad que nos caracteriza y que no es bandera exclusiva de
nadie.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/nancy-patricia-gutierrez/columna-de-nancy-p-gutierrez-la-hora-de-medir-el-talante-democratico-710322
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