NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ
La semana pasada el país quedó
paralizado de miedo ante la incertidumbre de los efectos del huracán Julia y de
los impactos de la aprobación, en jornada maratónica de las comisiones
económicas del Congreso, de la ponencia de reforma tributaria que, radicada la
noche anterior, no dio tiempo para reaccionar.
El Gobierno argumenta que hubo
amplia discusión en foros, reuniones con gremios y sesiones de trabajo; sin
embargo, la realidad es que de nada sirvieron las observaciones, los análisis
técnicos ni los llamados a considerar los efectos negativos que dejará en la
economía, pues la ponencia para primer debate inclusive agravó la situación de
algunos sectores, e introdujo veintidós nuevos artículos que cambiaron el
proyecto inicial, sin que se haya conocido la motivación para descartar más de
mil proposiciones que se radicaron. Muchas se acumularon, acudiendo a la figura
de constancias para el segundo debate.
Pareciera que el trámite no
encaja en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, según la cual el
debate parlamentario debe garantizar “el principio democrático” que hace
posible “la expresión de todas las diferentes corrientes de pensamiento
representadas en las plenarias de las cámaras” y así se propende a que la
opción política “sea fruto de una pausada reflexión y de una confrontación
abierta de posiciones”.
Hoy se presenta otro desafío
para el Congreso. Es el turno de las comisiones primeras conjuntas, que deberán
decidir sobre el marco que entrega al gobierno Petro instrumentos para el
diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la
ley, en el proyecto que “define la política de paz de Estado”, la otra pata de
los grandes cambios, que también tiene mensaje de urgencia.
Hay que resaltar que se trata
de una norma con vigencia de cuatro años, expedida como Ley 418 de 1997, que se
modifica sucesivamente al inicio de cada periodo presidencial; inclusive se dio
luego de las reelecciones de 2006 y 2014, a instancia de la visión y propuesta
que, sobre la paz, votan las mayorías.
El proyecto pretende ser
aprobado en primer debate hoy, en jornada similar a la de la tributaria, aun a
pesar de tratarse de un proyecto que transforma el concepto de seguridad, los
lineamientos sobre convivencia y acción del Estado en medio de negociaciones
con grupos armados ilegales, que pretende ir más allá de la consideración
política de estos, para abarcar “estructuras” (que no se precisan, ni definen),
suspende la extradición (pese a que no hay claridad en la afectación que tiene
en la relación con EE. UU.), autoriza conversaciones y procesos paralelos de
diálogos regionales con actores ilegales, la firma de acuerdos parciales y
protocolos ‘vinculantes’ para las partes, sin que tampoco indique si modifica
competencias y funciones de otras autoridades, pues se habla de una política de
Estado que involucra a todas las ramas y niveles del poder público.
La lección que nos dejó la
imposición de una visión unilateral de la paz, en la que las víctimas no fueron
la prioridad, porque no se ha dado verdad y reparación, y sin penas que
apliquen verdadera justicia, no constituyeron garantía para la no repetición de
la violencia; y en cambio sí generó una polarización que ha hecho daño a la
nación colombiana.
Los trámites acelerados en ese
momento por la figura del ‘fast track’, y ahora soportados en el mensaje de
urgencia, que acorta los tiempos y no da espacio para un debate sereno, va en
contravía de lo dicho por la Corte, en cuanto que “las leyes aprobadas por el
Congreso de la República deben reflejar la voluntad de la mayoría de los
representantes políticos, una vez sean debatidos y confrontados los diversos
puntos de vista, en especial los de las minorías. Los textos de la ley deben
ser, pues, producto de la deliberación democrática”.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/nancy-patricia-gutierrez/columna-de-nancy-patricia-gutierrez-las-jornadas-maratonicas-708544
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