Un auge peligroso

El aumento de los narcocultivos exige del Gobierno una estrategia clara para contrarrestarlo.

Aunque había en el aire elementos e indicios de que los cultivos de coca en el país estaban creciendo, el dato revelado la semana pasada en el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de las Naciones Unidas, que indica un crecimiento del 43 por ciento en el 2021 con relación al 2020 en la cantidad de hectáreas, ha generado comprensible revuelo.

Según esta medición, se pasó de 142.000 a 204.000 hectáreas. Vale anotar que el otro censo que se realiza, a cargo de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, dio cuenta de una ligera disminución entre el 2020 y 2021. Con todo, la cifra reportada aquí, 204.000 hectáreas, adquiere una importancia capital por ser la medición de la ONU la que históricamente las autoridades colombianas han usado como referencia.

Después de tres años en los que este indicador había mostrado una tendencia a la baja, viene este dato, que desde luego impacta. Y es que no solo hay más hectáreas dedicadas a la siembra de matas de coca, la producción del alcaloide también creció un 14 por ciento. Llama la atención que el 62 por ciento de los cultivos (127.000 hectáreas) se concentran en tres departamentos: Nariño, Norte de Santander y Putumayo, zonas de frontera los tres. Preocupa, así mismo, que si bien solo el 4 por ciento de los cultivos están en parques nacionales, más de la mitad de ellos se ubican en zonas de manejo especial.

No se puede pasar por alto lo que advierte el Simci sobre “cambios estructurales” en los actores involucrados en esta economía ilegal, así como en sus interacciones con la población, cambios de fondo y sin precedentes debido a las dimensiones que está adquiriendo el negocio. Todo esto ha llevado a un incremento de la violencia y la intención de ejercer control social, objetivos que aumentan el padecimiento de la población civil en estas zonas. En muchas de ellas, hay que decirlo, no obstante los esfuerzos de las autoridades, al controlar el negocio de la coca, estos grupos controlan también la economía y la vida en comunidad, además de otros azotes para la gente como la extorsión.

El panorama actual es resultado de la confluencia de diversos factores que van desde un aumento de la demanda, la apertura y consolidación de nuevos mercados hasta consecuencias no previstas de decisiones que se tomaron en su momento durante el proceso de paz. Pero más que buscar culpables, lo que corresponde ahora, reiteramos, es responder a este desafío cuyo impacto lo sienten directamente las comunidades de estas zonas y, de una u otra manera, todo el país. Una economía ilegal de tal dimensión genera a largo plazo un deterioro en múltiples frentes: económico, político y ambiental. Por solo mencionar tres.

Nadie discute que al tenor de estas cifras y de muchas otras evidencias, el debate ya abierto sobre un nuevo enfoque en la lucha antidrogas debe continuar e involucrar cada vez a más países y actores. Pero esta discusión no puede conducir al grave error de bajar la guardia en la tarea de mantener a raya esta economía, que sigue siendo ilegal. Aquí es necesario que cualquiera sea el enfoque por el que opte el Gobierno, seguramente una combinación de erradicación voluntaria con erradicación forzosa de grandes cultivos, cuente muy pronto con una hoja de ruta clara y con metas concretas, que el país debe conocer pronto. No hay tiempo que perder.

Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-de-el-tiempo-del-24-de-octubre-de-2022-un-auge-peligroso-711952