Antes de Navidad

 

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

El anuncio presidencial de excarcelar antes de Navidad a quienes se encuentran detenidos por delitos cometidos en las protestas ha generado incertidumbre sobre el respeto a la justicia, como garantía a los límites del poder.

Justificar esta decisión, en aras de la paz, sería fácil si no existiera la exigencia del cumplimiento de la Constitución y de las leyes, que contienen procedimientos en los que participan los tres poderes del Estado, porque hay una ley aprobada por el Congreso a iniciativa del Ejecutivo, que está vigente, ya que la Corte no se ha pronunciado sobre su constitucionalidad, que contiene la facultad dada al Presidente para designar “voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias” porque considera “pueden aportar al proceso de paz, a la conflictividad social (sic)”, aun cuando se encuentren en privación de libertad.

Cabe preguntarse: ¿no es necesario un procedimiento previamente publicado que defina cómo intervienen la Fiscalía y/o los jueces? ¿La facultad le permite al Presidente imponer tiempos para levantar medidas de aseguramiento? Si apenas se conoce la apertura del diálogo con el Eln y ya fueron designados los representantes de las partes, entonces ¿ante quiénes serán voceros? ¿Cuáles son las organizaciones sociales y humanitarias a las que pertenecen? ¿Quién lo certifica?

La Ley 418 de 1997 es un marco con vigencia de cuatro años que ha sido prorrogada y modificada en seis oportunidades. Es el instrumento que permite al nuevo gobierno definir los parámetros de las negociaciones políticas con grupos armados ilegales e imprimir el sello del programa del presidente recientemente elegido.

Definida la política de paz total, mantuvo vivo el mandato inicial de “dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho” y la prohibición contenida en el artículo 2.º de usar ‘facultades no conferidas de manera expresa’, ni de con ellas “menoscabar el núcleo esencial de los derechos fundamentales, ni alterar la distribución de competencias establecidas en la Constitución y las leyes”.

La motivación del plazo “antes de Navidad” para suspender la privación de libertad de quienes están judicializados por delitos sobre los cuales la Fiscalía tiene acervo probatorio no pareciera obedecer a razón distinta a la emotividad de la época decembrina. El decreto expedido para dar sensación de piso jurídico no aporta nada por ser decisiones del Ejecutivo. La diplomática reunión con el Fiscal General es mero símbolo, pues como ha dicho el alto funcionario se requiere decisión de los jueces y fiscales.

La figura entra en contradicción con los instrumentos que la misma ley define como necesarios para la paz total: “estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

La aplicación de normas hechas de afán hace eco a la tradición de aprovecharlas antes de que se caigan, aun a sabiendas de que son inconstitucionales. La demanda presentada por las tres destacadas senadoras del Centro Democrático no alcanzará a tramitarse por las vacaciones colectivas de la Corte, corporación que además tardará meses en su fallo, pues el procedimiento previsto exige participación de quienes tengan interés en argumentar a favor o en contra.

Surge, además, la inquietud de saber si ese ‘mico’, introducido en el último debate, que constituye una facultad al Presidente, está dentro de la línea jurisprudencial que exige que estas deben ser precisas y si se surtieron los cuatro debates, con garantía a la participación de la oposición.

Pareciera que ante el afán de aprobar el proyecto y de imponer las mayorías, el Congreso no se dio cuenta de las consecuencias de esas facultades que fueron rechazadas en el texto con el que se presentaron de manera expresa.

Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/nancy-patricia-gutierrez/columna-de-nancy-patricia-gutierrez-antes-de-navidad-726969