Juan Lozano
Urge claridad para evitar
manipulaciones politiqueras.
Apropósito del anuncio del
presidente Petro sobre un eventual pago de un millón de pesos mensuales a
100.000 jóvenes recordé una de las batallas más bonitas que ganamos ante la
Asamblea Constituyente: la consistente en evitar que se apoderara de la nueva
Carta una visión peligrosista y represiva sobre los jóvenes cuya imagen como
grupo social estaba muy asociada en aquellos tiempos con los jóvenes sicarios
que habían reclutado los carteles de la droga para cometer escabrosos crímenes
y magnicidios.
Muchos pretendían que la
aproximación a los derechos de los jóvenes se efectuara a partir de tratar de
evitar que le hicieran daño a la sociedad, lo que equivalía a decir que había que
diseñar programas en favor de los jóvenes para que no asesinaran, como si eso
fuera lo natural en ellos.
En contraste, desde la
Consejería Presidencial que yo dirigía sosteníamos que los jóvenes sicarios no
eran representativos de los jóvenes colombianos que en su inmensa mayoría desde
siempre han sido buenos, creativos y nobles. Ellos, ayer y hoy, son el tanque
de oxígeno de esta sociedad fracturada por los odios, el narcotráfico, la
corrupción, la politiquería y la violencia.
Y triunfamos. El gran logro se
materializó en el artículo 45 de la Constitución, redactado en positivo en
función del derecho a la protección, a la formación integral y a su
participación activa en los organismos públicos y privados que tienen a su
cargo su educación y progreso.
La visión peligrosista volvió
a aparecer cuando instrumentalizaron a algunos jóvenes en el pasado reciente y
convirtieron las marchas pacíficas en un infierno de violencia, vandalismo,
crimen, terror, tortura y muerte, instigado en muchos casos por propósitos
políticos canallas, antipatrióticos y criminales por grupos violentos al margen
de la ley.
El derecho a la protesta es
legítimo y debe protegerse. En cambio, la tortura, el asesinato, la agresión
con bombas molotov y sustancias peligrosas a los policías y a la población
civil, el bloqueo de vías, la destrucción o invasión de la propiedad privada
son delitos y no deben premiarse. Deben castigarse drásticamente, pero no
pueden llevar a una injusta generalización de los jóvenes como vándalos, de los
jóvenes como terroristas.
A partir de este marco es
claro que darles un aporte en dinero a jóvenes para estimular su desarrollo
pacífico es una buena idea en línea con el espíritu de la Constitución. Yo
estoy de acuerdo con mayores programas de apoyo a los jóvenes. Me gustan.
Sin embargo, falta mucha
claridad y se deben tomar todas las medidas para evitar que degeneren en
politiquería barata. En jóvenes escogidos a dedo por el petrismo. En jóvenes
excluidos por hacer parte de organizaciones contrarias a Petro. En jóvenes
incluidos a solicitud de parlamentarios, alcaldes o gobernadores amigos. En
jóvenes obligados a corresponder con activismo el subsidio del Estado. Debe
haber plena transparencia en los criterios, parámetros y procesos de selección
para que esta no sea la cuota inicial de clientelas electorales del futuro.
Todos los jóvenes en igualdad
de condiciones deben tener igualdad de derechos de acceso al programa, incluso
si es necesario por sorteo auditado. Pero nunca a dedo. Nunca por favoritismo
político.
Y debe haber plena claridad
fiscal. ¿Por qué no nos dijeron que parte sustancial de la tributaria venía
para estos subsidios? ¿O era que no se sabía y el desfase que este anuncio
representa frente al plan fiscal llegó como una sorpresa? ¿Y si no se sabía por
qué no advierten acerca de las restricciones fiscales para poder establecer sus
verdaderos alcances? ¿Cuánto vale y cómo se harán los pagos?
Tan grave como haber ignorado
las necesidades de millones de jóvenes en el pasado sería usar hoy la plata de
los impuestos para la politiquería so pretexto de apoyar a los jóvenes. Ojalá
esto no suceda.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juan-lozano/columna-de-juan-lozano-la-feria-del-millon-726970
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