El fiscal Francisco Barbosa
habló con el presidente Gustavo Petro sobre el decreto 2422. FOTO: Andrés
Sandoval/Fiscalía
Barbosa se reunió con Petro
para hablar de liberación de personas detenidas para voceros de paz.
Durante más de una hora el
presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, se reunieron
el jueves en la Casa de Nariño para hablar del decreto con el que se podrá
liberar a un grupo de personas detenidas durante protestas, que pasarán a ser
voceros de paz.
En entrevista con EL TIEMPO,
el fiscal general da detalles de ese encuentro y su percepción frente al plan
del Gobierno.
¿Cambió su percepción del
Decreto 2422 desde que lo conoció hasta la última reunión con el presidente
Petro?
Para nada. Nuestra mayor
preocupación siempre ha sido el respeto por la autonomía e independencia de los
jueces de la República, quienes al final son los llamados a pronunciarse, en
derecho, sobre la solicitud de libertad de estas personas, de acuerdo con la
recomendación que efectúe la comisión creada por el decreto. Esa sola precisión
ya nos da tranquilidad, así como el hecho de que no serán nombrados voceros
personas que hayan cometido delitos como homicidio, tortura, extorsiones y
otros delitos graves, que es algo en lo que coincidimos en la reunión con el
Presidente.
¿Qué reparos encuentra en esta
iniciativa, el concepto tiene sustento jurídico?
La posibilidad de solicitar
este tipo de libertades a las autoridades judiciales en el marco de iniciativas
de paz siempre ha estado respaldada en la ley y en una serie de decretos
reglamentarios que se han expedido para esos propósitos.
Ahora, la Ley 2272 de 2022, reformatoria de la 418 de 1997 (ley de orden público) abre la posibilidad de designar como voceros a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias que estén privadas de la libertad y que, a juicio del Presidente de la República, puedan aportar al proceso de paz y a la conflictividad social. Nuestra competencia no es discutir el contenido de la ley ni cuestionar al Gobierno en su designación. Ya serán los jueces quienes interpretarán toda la normativa aplicable y decidirán sobre la procedibilidad de dichas libertades.
¿Cree que con este decreto el
Presidente se excedió en sus competencias, como lo advirtió la Procuradora?
Yo no puedo decir que eso sea
así. Con las claridades que se han dado al país, considero que lo del Gobierno
es un esfuerzo razonable para dar vocería a miembros de la comunidad que, desde
su punto de vista, pueden aportar a la paz.
Esa es una decisión política
en la que la Fiscalía no puede intervenir y en la que en principio, no observo
desconocimiento de la autonomía judicial y la división de poderes, que para
nosotros es lo más importante. Desde luego que esto no es un cheque en blanco y
habrá que analizar cada situación.
Estos anuncios del Gobierno
han generado mucha controversia sobre la impunidad en graves delitos cometidos
en el paro. ¿Lo ve así?
No. Yo creo que nunca está de
más recordarle al país que el hecho de que una persona pueda enfrentar sus
procesos judiciales en libertad no equivale a impunidad. En este caso, no se
suspenderá el avance de ninguna actuación penal, con independencia de su etapa.
Además, nosotros siempre hemos estado comprometidos con una visión del derecho
penal como última ratio del ordenamiento positivo.
Más allá de lo que decidan los
jueces frente a esta iniciativa del Gobierno, lo cierto es que, cuando se trata
de conductas punibles de poca gravedad, la justicia penal debe ofrecer
alternativas de solución distintas a la cárcel. Es la filosofía que inspiró,
por ejemplo, nuestro Manual de Justicia Restaurativa.
De hecho, son opciones que,
como le dijimos al Gobierno nacional, no deben descartarse frente a personas
procesadas por hechos menores ocurridos en el marco de la protesta, por
ejemplo, a la luz de las causales legales del principio de oportunidad. Nada de
lo anterior quiere decir que vayamos a guardar silencio si, en desarrollo de la
iniciativa del Gobierno, vemos algo que desborde lo permitido por la ley,
desconozca los derechos de las víctimas, o se advierta falta de garantías de
comparecencia de estas personas ante la justicia.
¿Siente que al no incluir a la
Fiscalía o algún miembro de la Rama Judicial en la comisión se está actuando a
espaldas de la justicia?
Por supuesto que no.
Justamente por respeto al principio de división de poderes, la Rama Judicial
del Poder Público no tiene nada que decir sobre la escogencia de quienes, en
criterio del Ejecutivo, serían esos integrantes de organizaciones sociales y
humanitarias que podrían aportar a la paz y a la conflictividad social. Lo
nuestro es la caracterización probatoria de los fenómenos y de las
organizaciones criminales, así como su judicialización, y nada de eso se
detendrá.
La idea está en que Petro tome
la última palabra y un juez resuelva si otorga la libertad, pero ¿qué escenario
se abre si el juez no acoge esa petición, el Gobierno podrá meter mano?
No. Eso es una contingencia
que el Gobierno conoce y de la que entendemos que es consciente. La
independencia judicial es sagrada. Por eso, parte del desafío del Gobierno es
que pueda dar cuenta acerca de cuáles son las condiciones, compromisos, medidas
de seguimiento y vigilancia de los voceros, en orden a garantizar que cumplirán
con su labor y no se valdrán de esta designación para evadir la acción de la
justicia, y qué garantías y salvaguardas está dispuesto a asumir en ese
sentido.
Los jueces deberían poder
estar informados, no solo de la justificación de cada vocería y de la necesidad
de la libertad, sino de todos los aspectos constitucionales y legales.
¿La Fiscalía demandará este
decreto?
Eso no nos corresponde.
Si bien la Fiscalía no hace
parte de la comisión, ¿desde el nivel judicial cómo se evitarán colados en este
proceso de selección?
Mire, nosotros sabemos quién
es quién, porque estamos en capacidad de corroborarlo probatoriamente. Y esto
no solo aplica para estos voceros, sino para todo aquel que, en el marco de un
proceso de paz, quiera tocar la puerta de la justicia en búsqueda de beneficios
penales. Por eso es tan importante, y así se lo dijimos al Gobierno, contar con
una ley de sometimiento a la justicia, en donde la verificación de quiénes son
los sometidos y en qué delitos están inmersos sea liderada por la Fiscalía, con
base en la información probatoria que ha concentrado en sus investigaciones
sobre organizaciones criminales durante todos estos años.
¿Cómo se sienten en el ente
acusador viendo cómo quedan libres vinculados a investigaciones de delitos que
tomaron tiempo y esfuerzo para la judicialización?
Repito, los casos de mayor
gravedad punitiva y los condenados no quedaran cobijados por esta medida. En
ese sentido, nosotros no tenemos ningún problema con que los jueces consideren
que se cumplen las condiciones para que una persona que se encuentra en
detención preventiva obtenga su libertad.
De hecho, nosotros expedimos
una Directiva que limita y racionaliza el uso de la medida de aseguramiento y
eso habla mucho de cuál es la visión de la justicia penal de esta Fiscalía. Por
supuesto, respetamos las decisiones que los operadores de justicia toman en
cada proceso, en el marco de su autonomía. Y, como ya le dije, nuestra labor
continúa. No pasa nada si personas imputadas por delitos de poca gravedad
quedan libres por decisión de un juez de la República. Así funciona el sistema
penal.
Fiscal, aunque los procesados
queden libres deben acudir a los procesos. ¿La Fiscalía insistirá en llegar a
condenas?
Claro. Repito, las actuaciones
penales no se suspenden. Esto, sin perjuicio de la facultad que tenemos de
revisar la solidez jurídica y probatoria de los casos y tomar las decisiones
que en derecho correspondan. O de tramitar, si hay lugar a ello, fórmulas de
negociación o de terminación anticipada del proceso, de acuerdo con la ley.
Usted se ha mostrado
respetuoso de la búsqueda de la paz, e incluso ha manifestado su disposición
para apoyarla. ¿Eso tiene un límite?
Desde luego que tiene límites
y en eso he sido muy claro. Los estándares jurídicos internacionales en materia
de derechos humanos, el principio de legalidad y el Estado de derecho son
límites infranqueables. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición,
es así de sencillo.
Y, por supuesto, como también
lo he dicho, saber con qué estructura criminal se produce el acercamiento: con
todas se habla, con la que tiene carácter político se negocia y los demás se
someten a la justicia ordinaria, con unos beneficios puntuales.
El miércoles usted iba camino
a Catam cuando el Presidente le canceló la reunión, ¿hubo molestia por eso?
No. Y pienso que indisponerse
por esos impases no tiene mucho sentido. Mi convicción es que el artículo 113
de la Constitución, que contiene el mandato de colaboración armónica entre los
poderes públicos, no admite suspicacias, prevenciones ni mezquindades.
Entendemos que el presidente Petro tuvo unos problemas de agenda que se
solucionaron, la reunión se produjo y superado el asunto.
Horas antes de la reunión con
el Presidente, usted dijo que la justicia se respeta y que la Fiscalía tomó
decisiones en el marco de investigaciones serias. ¿Así se lo manifestó al
Presidente?
Sí, y en eso seré enfático las
veces que sea necesario. Esta Fiscalía no judicializa a nadie de manera
arbitraria y su labor está sometida, de principio a fin, al constante
escrutinio de los jueces. Que exista una iniciativa de paz de la cual se
desprendan beneficios no quita el hecho de que nuestros procesos han tenido,
como únicos derroteros, la Constitución, la ley y la suficiencia probatoria.
Jamás admitiré que se ponga en tela de juicio la seriedad de la Fiscalía
General de la Nación.
¿Qué le dijo el Presidente
frente a la versión de que usted abandonaría la Fiscalía General de la Nación
antes de terminar su periodo?
No hablamos de eso,
sencillamente porque jamás se ha contemplado esa posibilidad. Estaré en el
cargo hasta el 13 de febrero de 2024.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscal-no-guardara-silencio-si-liberacion-de-primera-linea-es-ilegal-726798
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