domingo, 5 de febrero de 2023

Alejandro, magno

 


Pero lo tenían, y mucho. El ministro Gaviria no ha ocultado nunca su desacuerdo de fondo con la reforma Corcho. Al Presidente, en su cara, le dijo que la peor traición era la que uno podía cometer contra sí mismo, y desde hace rato se esperaba que sus comentarios salieran de los círculos privados palaciegos y se hicieran públicos.

Sobre quién lo filtró o cómo se reconoció la autoría de Gaviria, las teorías van desde la muy novelesca de que fue fruto del descubrimiento de la inteligencia artificial, que cotejó el escrito con el estilo y la posición ideológica del ministro Gaviria, hasta una teoría más sencilla: fue el documento en el que se basó el ministro Gaviria durante el cónclave de ministros de Villa de Leyva para exponer ante sus colegas sus desencuentros con las propuestas de la Corcho. Y así, mientras yo preferí por respeto guardar su anonimato, me mordí los labios cuando esa noche el ministro reconoció que él había escrito el documento.

Cuya lectura les recomiendo a quienes no lo han leído aún. Hace advertencias muy claves: “El esquema propuesto no define el control del gasto y del recaudo, luego el impacto fiscal sería enorme (…) Y la quiebra del sistema, inevitable y acelerada”. Pero el documento, además, identifica el meollo de la equivocación de la Corcho: “Propone una extraña estrategia de destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En lugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña”.

Lo que pasó al día siguiente indica que en este gobierno será difícil ejercer el disenso. Un funcionario (¿o UNA funcionaria?) de Palacio llamó al ministro Gaviria a plantearle un ultimátum: O se retractaba o se hacía al costado. Pero dos de sus colegas, Hacienda y Agricultura, manifestaron su oposición y quedó claro que si Gaviria se iba, ellos también. Hubo que llamar a Antoni Gutiérrez-Rubí, un activo catalán que asesora gobiernos de izquierda en el continente, como el de Petro o Cristinita Kirchner y Alberto Fernández, en Argentina, para que le bajara el calor al fogón. También apareció el bombero Roy Barreras a aconsejar que, como este gobierno era de centroizquierda, no se podía permitir el lujo de dejar que se le fuera el centro.

Entre tanto, a la ministra Corcho nada parece salirle bien últimamente. Le ha jurado al país que su reforma –de texto desconocido– ha sido suficientemente socializada y reclamada por el pueblo. Pero dos encuestas, una de Invamer y otra del CNC, revelaron cifras muy parecidas sobre la contundente satisfacción de los colombianos con sus EPS, sin que falten pedidos de reformas. La reacción de Petro ante las encuestas que le son desfavorables es que el dueño de una de las encuestadoras fue Juan Luis Londoño, fallecido hace 20 años en un accidente aéreo y que colaboró en la redacción de la Ley 100. Ante semejante ridiculez, después dijo que las encuestas salían bien porque a los muertos no los encuestaban. Luego dijo que la reforma era coherente con su plan de campaña. Lo que nunca dijo de candidato es que el cambio que ofrecía sería manejado por un autócrata que no oye razones ni críticas, y al que le dan pataletas si no se hace lo que él quiere, como con el metro de Bogotá.

Para infortunio adicional de la ministra Corcho, un asesor suyo, como representante de la sociedad civil y ahora como vocero de la ministra, desfila por los medios explicando una reforma que o él escribió, o es el único mortal que la conoce. Pues se supo que resultó denunciado por acoso sexual en la ONG que dirigía, razón por la que fue retirado…

A Petro nada de esto le va ni le viene. Ya anunció que el próximo 14 de febrero sacará a la gente de sus trabajos a la calle, para que le ayuden a defender a punta de arengas su reforma. Que como, aún a tiempo, advierte su ministro Gaviria, “podría llegar a multiplicar el gasto, mientras el recaudo caería de manera sustancial. Esta contingencia fiscal podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”. Y costar muchas vidas.

MARÍA ISABEL RUEDA

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