German
Vargas Lleras
Frotándose
las manos estarán el superintendente de Servicios y el enigmático señor
Ferrari.
Qué
irresponsabilidad con la que el Gobierno ha abordado su pretendida reforma del
régimen de los servicios públicos y su regulación. Por más de 30 años el país
ha visto cómo las coberturas en los servicios de electricidad, gas natural,
agua, alcantarillado, aseo y también comunicaciones han aumentado hasta llegar
a niveles de países desarrollados, y en el caso particular de la energía
eléctrica, al 97 %. La demanda en este sector se ha atendido plenamente, y los
niveles de calidad del servicio ya superan los mejores estándares regionales.
Nada
de esto se hubiera alcanzado sin la existencia de un régimen que nació de la
Constitución de 1991 y que a través de las leyes 142 y 143 de 1994 permitió la
participación de particulares en la prestación de los servicios y creó una
institucionalidad que ha sido modelo en muchos países. Habría que añadir que en
estos años se han invertido en el sector eléctrico más de 140 billones de pesos
de recursos privados, permitiendo al Estado colombiano emplear sus ingresos en
otras apremiantes necesidades sociales.
Pero
nada de esto cuenta. Aquí lo único que vale es la ideología que indica que
tampoco en la actividad de los servicios públicos puede generarse ningún lucro.
Que no es bienvenida la participación privada en su prestación. ¿Qué tal? Dónde
estaríamos si hubiéramos continuado por ese camino. Seguiríamos en apagones y
en coberturas y calidad lamentables. Millones de personas sin servicios.
También, como en el Seguro Social de principios de los 90, hay que reconocer
que el Estado fracasó rotundamente como prestador de servicios públicos.
Recuerdo
cómo, siendo concejal de Bogotá, asistimos a la quiebra de la entonces Empresa
de Energía de Bogotá. La politiquería, los malos manejos, la corrupción en el
emblemático proyecto del Guavio y, de manera muy relevante, la negativa por
razones electorales a incrementar las tarifas del servicio llevó a la
inviabilidad financiera y administrativa de lo que hoy, después de 30 años, es
la llamada joya de la corona del Distrito y que le ha aportado a la ciudad
enormes beneficios en el frente financiero (1,5 billones tan solo en 2022) y en
calidad de vida para los bogotanos. Bueno es recordar también lo que ocurría en
Corelca, y sigue ocurriendo en Emcali y en aquellas electrificadoras del país manejadas
como botines burocráticos.
Los
anuncios del Presidente amenazando con retomar las facultades que la Ley 143
pone en cabeza de la Creg solo pueden conducir a generar el peor ambiente para
las necesarísimas inversiones en la infraestructura del sector. Solamente este
año están previstos más de 6 billones en proyectos de expansión y más de 10
billones en generación en los próximos 5 años, la mayoría renovable, para
atender la creciente demanda y acompañar la transición energética impulsada por
el propio Gobierno.
Qué
empresa se le va a medir a esto cuando se anuncia ya la reforma de las leyes
mencionadas y por ese camino una posible expropiación de los activos de las
empresas y también la ya utilizada en Argentina y Venezuela asfixia tarifaria.
Esa ruta es bien conocida para llegar a la anhelada prestación de los servicios
por empresas estatales, ojalá una sola de orden nacional. En este no hay que
engañarse.
¿Qué
estarán pensando la ministra de Minas y Energía y el de Hacienda y el director
de Planeación Nacional al verse descalificados por el Presidente como miembros
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas? Frotándose las manos estarán el
superintendente de Servicios y el enigmático señor Ferrari, autores del
estropicio institucional.
En
Colombia lo que necesitamos es preservar un sistema que garantice la cobertura,
continuidad y calidad de los servicios públicos. Que nos permita continuar
invirtiendo billones de pesos en infraestructura para la seguridad eléctrica y
el desarrollo regional, que tribute, como en el año 2022, más de 7 billones y
no distraiga recursos públicos indispensables para cerrar brechas sociales. Y,
por supuesto, que despeje para siempre la incertidumbre de un racionamiento.
Todo esto se consigue preservando y construyendo mejor institucionalidad,
trabajando en unión con las empresas privadas y mixtas y no arrasando lo que ha
demostrado por décadas ser un sistema que ha beneficiado a millones de
colombianos.
Tomado
de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-corto-circuito-presidencial-739454
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