Petróleo. Foto: Jaime Moreno.
Archivo EL TIEMPO
ARMANDO ZAMORA
Expresidente de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos
El expresidente de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos opina sobre el lineamiento de MinMinas.
Un informe de supuestos y
deseos no puede ser el justificante de una decisión tan trascendental como la
de renunciar a nuestra riqueza del subsuelo a cambio de nada. Resulta
interesante la lectura del informe del Ministerio de Minas y Energía titulado
‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la
transición energética justa’ (13 de diciembre de 2022). Es ligero, fácil y
hasta divertido de leer si no fuera por las consecuencias que puede tener si la
formulación de la política energética del país se basara en sus conclusiones.
Una primera alarma surgió
cuando la Asociación Colombiana del Petróleo publicó, días después de
conocerlo, sus reparos, y otros medios especializados expresaron sus dudas.
Posteriormente, todas las alarmas saltaron cuando la ministra Irene Vélez
anunció en la cumbre de Davos que la decisión de no conceder más contratos de
exploración y producción de hidrocarburos ya había sido tomada, como muestra de
“nuestro” compromiso con la lucha contra el cambio climático.
El presidente Gustavo Petro la
respaldó anunciando que en los pocos meses de su gobierno había logrado
extender la autosuficiencia en gas hasta 2037 o 2042. A su regreso de Davos, la
ministra justificó su anuncio en el citado informe. El pasado lunes, Caracol
denunció que el documento había sido publicado sin el consentimiento de los
altos cargos del Ministerio, incluyendo el de la viceministra de Energía,
Belizza Ruiz, y de los funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) mencionados en la carátula del informe.
Queda claro cuál es la
naturaleza del informe y su objetivo, más allá de las formalidades explicadas
por la ministra en la rueda de prensa del 25 de enero, y que se pueden resumir
en que (i) publicar los cargos mencionados en la presentación del documento es
práctica protocolaria común; (ii) todos ellos sabían que se estaba preparando
un informe; (iii) no se trata de un informe de recursos y reservas; y (iv) que
es un informe del Ministerio, no de la ANH, preparado por dos asesores directos
del despacho. En este espacio no se puede hacer un análisis exhaustivo del
informe, pero sí trataremos de entender su naturaleza: es un ejercicio de
‘control de daño’ que busca identificar escenarios para justificar que la
decisión tomada no va a afectar la seguridad energética del país durante la
transición.
Solo así se entiende su
metodología, que hace estimaciones especulativas sobre posibles escenarios de
adiciones de reservas, tales como:
– mejorar el recobro histórico
de los recursos de petróleo ya descubiertos (de 15,8 a 20,2 %); – aplicar
técnicas de recobro mejorado de petróleo para llegar al promedio histórico
global (35 %); y
– asegurar el desarrollo de
tres grandes descubrimientos de gas recientes (Kronos-Gorgon, Uchuva y Sinú 9)
en tiempos récord, entre 2024 y 2027, lo cual graduaría a reservas unos
sustanciales recursos contingentes y prospectivos.
En resumen, se adicionarían
las reservas de petróleo en 986 millones de barriles con los resultados
esperados de los contratos en exploración remanentes (cifra que en esencia
coincide con los estimativos estadísticos del autor), 2.971 millones de barriles
con la optimización del recobro primario, y hasta 12.900 millones de barriles
con el uso de técnicas de recobro mejorado; es decir, 10.000 millones más, una
cifra similar al total de reservas que se han incorporado en los casi 120 años
de historia de esta industria en Colombia.
En gas, se adicionarían 2,5
terapiés cúbicos (TCF) a las reservas actuales de 3 TCF; es decir, un 83 % de
aumento, con recursos contingentes (i. e., no asegurados) provenientes de los
tres descubrimientos mencionados: Sinú 9 en 2026 y Kronos Gorgon en 2027. Estas
adiciones garantizarían (de hacerse efectivas en esas fechas) la
autosuficiencia hasta 2037. El informe da a entender que unos volúmenes
similares de recursos prospectivos garantizarían el autoabastecimiento hasta
2042, y generarían excedentes para la exportación, similares al consumo
interno, entre 2035 y 2038.
También ha sido clara la
ministra en varios escenarios, públicos y privados, en que la decisión de no
firmar más contratos fue tomada desde que se presentó el programa de gobierno
antes de las pasadas elecciones, como lo ha ratificado el presidente Petro. En
efecto, su propuesta de gobierno así lo dice con claridad. La ministra espera
que todas las instituciones del Gobierno y sus funcionarios respalden esta
decisión.
Tomada la decisión, pareciera
que la ministra quiere ofrecer tranquilidad a los colombianos y cerrar la
discusión con unas cuentas optimistas, basadas en probabilidades y fechas
estimadas de éxitos exploratorios esperados y de futuras decisiones de inversión
por parte de terceros. Es decir, el posterior informe justifica la decisión, y
no lo contrario, como debiera ser.
Todos sabemos que los planes
de gobierno siempre son optimistas y exagerados, y su ejecución, incierta y
llena de imprevistos, pero esta industria es más grande, compleja y volátil que
la construcción de colegios o viviendas de interés social, y que el modelo de
aseo de Bogotá.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/transicion-energetica-en-colombia-columna-de-armando-zamora-739020
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