La transformación energética,
una de la metas del Gobierno y quedó plasmada en el Plan de Desarrollo FOTO:
iStockLa
Plan de desarrollo cuesta $
1.154,8 billones; de los cuales, $ 50,4 billones se destinarán a la paz.
A más tardar el próximo 7 de
mayo los colombianos podrán saber con certeza si la estrategia que se ha
trazado el gobierno de Gustavo Petro para su cuatrienio, y con la cual espera
convertir a Colombia en ‘Potencia mundial de la vida’, cuenta con el aval del
Congreso de la República para su ejecución.
Su propuesta, presentada ante
el Legislativo y al país en general el lunes de la semana que termina,
demandará inversiones de más de 1.154,8 billones de pesos y la mayoría de estos
irán con cargo al Presupuesto General de la Nación (PGN).
Los cinco ejes de la
transformación que requiere el país, según el Gobierno, están contenidos y
esbozados en un proyecto de 300 artículos cuya discusión y análisis está por
comenzar.
Como un aporte a sus lectores,
EL TIEMPO entrega en esta edición de domingo una guía práctica de los temas
fundamentales contenidos en dicho proyecto, cuyo articulado pueden consultar,
además, en nuestra página de internet.
En esta nota periodística
encontrará un resumen sobre esos cinco ejes de transformación.
El primero, el ordenamiento
del territorio alrededor del agua, aspecto clave en los planes para garantizar
el derecho a la alimentación de la población.
En segundo lugar, la seguridad
humana y la justicia social, que busca la transformación de la política social,
que integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional,
así como la seguridad económica y social.
El tercer eje fundamental del
proyecto está centrado en el derecho a la alimentación, con el cual se busca
que las personas puedan acceder, en todo momento, a una alimentación adecuada.
Este se desarrolla a través de tres pilares principales: disponibilidad, acceso
y adecuación de alimentos.
La transformación productiva,
internacionalización y acción climática es el cuarto eje y apunta a la
diversificación de las actividades productivas para que aprovechen el capital
natural y profundicen en el uso de energías limpias, que sean intensivas en
conocimiento e innovación y que aporten a la construcción de la resiliencia
ante los choques climáticos.
El quinto eje se refiere a las
necesidades de atención y reducción de las brechas sociales y económicas, en lo
que se ha llamado la ‘Convergencia regional’. El propósito de este eje es
avanzar garantizando acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. “Para
garantizar esta convergencia, es necesario fortalecer los vínculos intra e
interregionales, y aumentar la productividad, competitividad e innovación en
los territorios”, señala el Plan.
Los recursos para avanzar en
el cumplimiento de la paz
El primer capítulo del plan
tiene que ver con los proyectos, políticas y programas para la construcción de
la paz y la implementación del acuerdo de paz suscrito con la antigua guerrilla
de las Farc y que están contenidas en el Plan Plurianual de Inversiones.
En el artículo octavo se
dispone que el Departamento Administrativo para la Presidencia de la República
definirá las responsabilidades que las entidades del orden nacional tendrán
para cumplir con el informe final que la Comisión de la Verdad, entre las
cuales están, por ejemplo, avanzar en acciones para desmantelar a los grupos
armados y fortalecer la administración de justicia para superar la impunidad.
En el artículo noveno se
permite modificar los acuerdos sobre sustitución de cultivos de uso ilícito que
se hayan celebrado con las comunidades, garantizando “las estrategias de
reconversión económica, preferentemente de carácter colectivo con enfoque
territorial”. En el artículo décimo se dispone la apropiación de recursos para
el cumplimiento y el cierre de los compromisos adquiridos con los pueblos y las
familias indígenas que se vincularon al Programa de cultivos de uso ilícito.
Ese artículo señala que la
contratación de las actividades que se adelanten para la implementación de los
modelos de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los
cultivos de coca, marihuana o amapola “se fundamentarán en los instrumentos
jurídicos que permiten la contratación entre las entidades estatales y las estructuras
de gobierno propio indígena”.
De otro lado, se precisa que
el régimen del Fondo Colombia en Paz, sobre los actos, actuaciones, contratos y
administración de los recursos “será de derecho privado”. También se incluye en
el artículo 12 la creación de un mecanismo no judicial para la contribución de
la verdad y la memoria histórica que tendrá como fin sistematizar la
“información que surja de los acuerdos de contribución a la verdad histórica y
la reparación, y producir los informes a que haya lugar”.
El artículo 13 dispone que la
Agencia de Renovación del Territorio estará adscrita al Ministerio de la
Igualdad y el 15 crea una ‘Asignación para la paz’ que destinará recursos para
la implementación del acuerdo y que financiará proyectos de inversión y de las
víctimas mediante convocatoria pública con determinados criterios.
Ordenamiento territorial y
agua
En el capítulo II del Plan se
plantean artículos relacionados contra la protección del medioambiente, el agua
y adecuación de tierras. De esta manera, se propone en el Artículo 17 crear el
Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (aunque ya existe y se busca
potenciar) con el objetivo de mitigar ese fenómeno. Estará conformado por
Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y
el Procurador General de la Nación.
Entre tanto, en el artículo 18
se busca que la unidad administrativa especial de Parques Nacionales Naturales
podrá autorizar la realización de adecuaciones o mejoras sobre las
edificaciones existentes dentro de las áreas de su competencia, que estén
asociadas al uso dotacional comunitario o vivienda rural de población
vulnerable.
Adicionalmente, el plan indica
en el Artículo 21 que para la elaboración de planes de ordenamiento territorial
los municipios deberán seguir diferentes niveles de prevalencia. Por ejemplo,
se deberán tener en cuenta factores relacionados con la conversación y la
protección del ambiente y ecosistemas; establecer políticas sobre conservación
y preservación de las áreas consideradas como patrimonio cultural; e
identificar proyectos turísticos especiales, entre otros niveles.
En el Artículo 22, por su
parte, el Ejecutivo propone establecer consejos territoriales del agua en las
regiones y territorios priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo. El
objetivo de esta propuesta es “fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial,
inclusiva y justa del agua y el ordenamiento del territorio entorno al agua
buscando la consolidación de territorios funcionales con enfoque de
adaptabilidad al cambio climático”. El Ministerio de Ambiente será el encargado
de reglamentar la conformación, funcionamiento y articulación de estos
encuentros.
Por otra parte, el Gobierno
Nacional plantea que los organismos ejecutores públicos o la Agencia de
Desarrollo Rural (ADR), a través del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras
(Fonat), podrán financiar obras de adecuación de tierras en los distritos
entregados en propiedad a las asociaciones de usuarios (Artículo 24).
Entre tanto, el documento
propone que el Ministerio de Ambiente, para el manejo y administración de las
reservas forestales y los baldíos de la nación, podrá suscribir con organizaciones
y familias campesinas concesiones hasta por treinta (30) años renovables. El
objetivo, dice el Gobierno, es controlar la deforestación, la degradación de
ecosistemas naturales y promover el desarrollo de actividades de restauración
(Artículo 41).
Seguridad humana y justicia
social
Uno de los principales rasgos
del ADN del Gobierno quedó plasmado en este capítulo de la carta de navegación
planteada para los cuatro años del mandato de Gustavo Petro, ya que en este
apartado uno de los protagonistas es la llamada economía popular.
Y el presupuesto destinado
para este capítulo durante cuatro años es de 743,7 billones de pesos, más de la
mitad de los recursos totales del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
En el artículo 58 se plantea
la creación del Consejo Nacional de Economía Popular, un organismo asesor y
consultivo del Gobierno, y que quedaría reglamentado a través del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y cuya tarea central será la formulación de las
líneas de la política pública para la economía popular y de coordinar las
acciones interinstitucionales necesarias para ello.
Al mismo tiempo, más adelante,
y con el objetivo de tener una mejor trazabilidad de la economía popular, el
artículo 72 del PND señala que el Dane deberá diseñar un sistema de información
enfocado en esta. Además, se establece en el artículo 77 que el Dane realizará
el Censo Económico en 2024, y que deberán quedar incorporadas las unidades de
economía popular.
También, en el artículo 76,
señala que para la contratación estatal exista un factor de asignación de
puntaje “que fomente la ejecución de los contratos por parte de población
sujeto de especial protección constitucional, como el campesinado, pequeños
productores locales, o personas de la economía popular; siempre que se
garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual”.
Para ello, se propone el diseño de alianzas público- populares (artículo 82), y
se enfocará en el desarrollo y mejoramiento de proyectos de infraestructura
social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, entre otros.
Asimismo, el artículo 70
propone la creación de instrumentos para la inclusión financiera y crediticia
de la economía popular. Y como complemento, otras acciones claves del PND son
una renta ciudadana y un esquema de protección al cesante y seguridad social.
Por ejemplo, el artículo 52 del proyecto de ley proyecta la creación de un
programa de renta ciudadana, con el que se busca “armonizar” los programas de
transferencias a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social (DPS).
Igualmente, otro punto clave
está en el artículo 125, que es polémico porque tiene que ver con el sistema de
salud, y señala que la Administradora de Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Adres) realizará el giro directo de los recursos a
las instituciones y entidades que presten estos servicios.
Transformación productiva y
acción climática
Una de las grandes apuestas
del Gobierno para su cuatrienio es asegurar la transición energética y que el
país entre en una senda en el que el uso de energías limpias sea el denominador
común en todos los procesos productivos. Así quedó plasmado en el Plan Nacional
de Desarrollo, en el que se señala que lo que se busca con esto, entre otros
objetivos, es “dejar atrás de manera progresiva la dependencia de actividades
extractivas y dando paso a una economía reindustrializada con nuevos sectores
soportados en las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza”.
En ese propósito se invertirán
unos 114,4 billones de pesos a lo largo de este periodo que termina en el 2026.
Los frentes y aspectos puntuales que se trabajarán hacen parte del Capítulo IV
de la carta de navegación que fue presentada para su discusión ante Congreso de
la República el martes de esta semana y abarca desde el artículo 180 hasta el
217 de dicho documento.
Un recorrido por esos 37
artículos deja ver aspectos fundamentales en los que trabajará el Gobierno para
lograr esa transformación productiva de la economía del país.
Por ejemplo, en el artículo
184 se delega en el Ministerio de Minas y el Servicio Geológico Colombiano la
estructuración del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico, el cual se
encargará de proveer toda la información necesaria en materia de suelos, agua,
riesgos geológicos y recursos minerales estratégicos para la transición
energética, la industrialización, la seguridad alimentaria y la infraestructura
pública.
En ese mismo capítulo se le
pone fin a la minería a gran escala a cielo abierto para la extracción de
carbón, así como al uso de leña, carbón y residuos por energéticos de
transición para la cocción de alimentos. También se establecen los mecanismos
de financiación para adelantar obras de infraestructura de transporte, en
especial los que desarrollen distintos entes territoriales.
Otro de los aspectos que
aborda el Plan en su cuarto capítulo tiene que ver con la economía productiva.
En su artículo 210, ratifica la defensa comercial del país a través de “una
política de remedios comerciales y aranceles inteligentes”, como mecanismos de
protección a la producción nacional originadas en “prácticas desleales y
maniobras contrarias al libre comercio internacional, la soberanía alimentaria
y el adecuado funcionamiento del mercado”. Además, podrá adoptar medidas de
carácter recíproco frente a las que adopte un Gobierno extranjero por razones
seguridad nacional.
Dicho capítulo lo cierra la
modificación del artículo 4 de la Ley 1258 de 2008, relacionado con las
sociedades por acciones simplificada (SAS). De aprobarse el Plan Nacional de
Desarrollo, las S.A.S. quedarían autorizadas para emitir valores, los cuales se
podrán inscribir en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y
negociarse en bolsas de valores, en los términos y condiciones que determine el
Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Derecho humano a la
alimentación
El PND se materializa en cinco
“ejes de transformación” definidos en el Artículo 3, uno de esos ejes es el
‘Derecho humano a la alimentación’, que según el texto “busca que las personas
puedan acceder, en todo momento, a una alimentación adecuada. Se desarrolla a
través de tres pilares principales: disponibilidad, acceso y adecuación de
alimentos. Bajo este contexto, se establecen las bases para que progresivamente
se logre la soberanía alimentaria y para que todas las personas tengan una
alimentación adecuada y saludable, que reconozca las dietas y gastronomías locales
y que les permita tener una vida activa y sana”.
En el título II ‘Plan de
inversiones y presupuestos plurianuales’, para este programa se destina una
inversión de 46,1 billones de pesos y contaría con varios mecanismos para su
ejecución.
Uno de ellos, mediante la
creación del sistema de transferencias (Artículo 51) que estará bajo la
coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social “como
el conjunto de políticas, programas, planes, proyectos y actores, orientados a
la entrega de transferencias monetarias y transferencias en especie”.
Para su ejecución, en el
capítulo III, ‘Seguridad humana y justicia social’, mediante el Artículo 53 se
crea la transferencia en especie ‘hambre cero’, “para garantizar el derecho a
la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, con
enfoque de derechos y con participación de las economías popular y
comunitarias, y la agricultura campesina, familiar y comunitaria”.
Además, en el capítulo IV,
‘Derecho humano a la alimentación’, en el Artículo 172 se crea el Sistema
Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación de la Malnutrición
—SNSM— liderado y administrado por el Ministerio de la Igualdad y Equidad,
“como mecanismo de identificación, focalización, seguimiento y monitoreo de la
situación de malnutrición de las gestantes, niñas, niños y adolescentes y sus familias”,
que utilizará como instrumento de análisis el Registro Social administrado por
el Departamento Nacional de Planeación. Allí se integrarán las fuentes de información
de las entidades que cuenten con datos sobre malnutrición y beneficiarios.
Convergencia regional
En el capítulo VI del Plan,
con el que se busca reducir las brechas sociales y económicas en el país,
mejorando el acceso a oportunidades, bienes y servicios, se sientan varias
líneas en temas de transporte, subsidios y vivienda.
En el artículo 220 se
establece que los subsidios para energía eléctrica y gas combustible se
prorroguen como máximo, hasta el 30 de junio del 2027.
Ese artículo tiene unos
parámetros que abrirían la puerta para que los subsidios sean otorgados no solo
por estar en un estrato que tenga estos beneficios, sino que se cruzará con
información socioeconómica de los usuarios para establecer si lo necesitan.
“Para otorgar subsidios de
energía eléctrica, gas, combustible, acueducto, alcantarillado y aseo a los
usuarios de menores ingresos, se implementarán medidas que permitan el cruce
entre la estratificación y la información socioeconómica de los usuarios como
parámetro de focalización del subsidio”, dice el primer parágrafo.
Para realizar este proceso, se
establece que se definirá “un periodo de transición y una diferenciación por
tipos de municipios para la aplicación de dichas medidas y sentar las bases
para ajustar la focalización de los subsidios con la metodología que considere
la capacidad de pago de las personas y que, para el efecto, defina el Gobierno
nacional”.
También habría un cambio en
cuanto a la vivienda de interés social, cuyo valor no debe exceder los 3.552
UVT, pues se plantea en el artículo 238, que se podrá establecer
excepcionalmente, a partir de estudios técnicos, valores máximos hasta por
3.947 UVT, cuando se den ciertas condiciones.
Entre estas se encuentran que
el valor puede incrementar cuando incorporen criterios de sostenibilidad
adicionales a los mínimos establecidos, o se encuentren ubicadas en áreas
consolidadas de la ciudad, o en aglomeraciones urbanas cuya población supere un
millón (1.000.000) de habitantes y existan presiones en el valor del suelo.
Y en temas de transporte,
entre otras cosas, se establece en el artículo 183, que se podrán crear
‘autoridades regionales de transportes’ a través de un convenio
interadministrativo, que son entidades que se pueden conformar entre entidades
territoriales, para planear y gestionar proyectos de transporte público
cofinanciados por el Gobierno.
En este capítulo, en el que se
plantea cerrar la ‘brecha’ social en el país, se incluyó específicamente a la
Costa Pacífica, en el artículo 234, en que se recogen las necesidades
contempladas en 179 puntos de un acuerdo que se pactó tras los paros cívicos en
el puerto de Buenaventura y se establece que se diseñará e implementará una
hoja de ruta que priorice proyectos estratégicos y sus asignaciones
presupuestales, no solo para esta región sino los otros departamentos de esta
costa.* Con el apoyo de secciones de Justicia, Vida de Hoy, Política, Nación y
Portafolio.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/plan-de-desarrollo-los-ejes-claves-para-de-la-transformacion-de-colombia-741325
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