RICARDO ÁVILA
Este bloqueo es uno de los 42
que se presentaron la semana pasada en diferentes puntos del país. FOTO: Juan
Manuel Vargas. EL TIEMPO
Hay alerta sobre la situación
de un país que corre el riesgo de dar marcha atrás.
El viernes fue otro día lleno
de complicaciones para María Caraballo. Como cada mañana, salió de su casa
ubicada en el municipio de Guamal, en el departamento del Magdalena, atravesó
el puente ‘Héroes del Botón de Leyva’, que pasa sobre el llamado ‘gran río de
la patria’, y se dirigió a su trabajo en la vecina población de Mompox, en
Bolívar.
Pero no pudo llegar a tiempo.
“Me vi afectada porque a la altura de un caserío llamado Guataca está ubicado
el paro que le impide el paso a cualquier tipo de vehículo”, explica. “Entonces
tengo que buscar dónde dejar mi moto, caminar al otro lado de la barricada y
buscar un mototaxista que me cobra 5.000 pesos por cada trayecto”, agrega.
Los efectos de la protesta,
que en este caso en particular tienen que ver con la exigencia del servicio de
gas domiciliario, paralizaron el turismo y el suministro de víveres en la zona
durante casi toda la semana. “La fila de camiones a la espera es mucho más
larga cuando voy o vuelvo”, dice María.
Este ejemplo dista de ser el
único. Según un reporte de Colfecar, a lo largo de los primeros diez días de
febrero el número de puntos de la geografía nacional con la movilidad
interrumpida en carreteras principales ascendió a 42, distribuidos en 14
departamentos.
Dicha estadística se agrega a
la de enero, cuando la cifra fue de 81 bloqueos en una veintena de
departamentos, desde La Guajira hasta Nariño y Putumayo. De acuerdo con el
gremio de los transportadores de carga, en las primeras cinco semanas de 2023
se han perdido 1.906 horas, que han tenido un precio alto para cientos de miles
de personas, además de ocasionar cuantiosas pérdidas para la economía.
Las causas de las
interrupciones son múltiples, aunque usualmente están relacionadas con asuntos
locales que van desde una instalación educativa aquí o la exigencia de un
acueducto allá. El mal estado del pavimento, la pobre alimentación escolar o
los incumplimientos de promesas también llevan a que la gente se organice y
acuda a las vías de hecho.
Pero la movilización popular no
es el único motivo. La base de datos del conflicto armado en Colombia a cargo
del Cerac muestra un alza importante en las interrupciones de tránsito
atribuibles a los grupos violentos. Según el centro de estudios, en 2022 se
registraron 25 acciones, seis veces más que en el año precedente, lo que
constituye el guarismo más alto desde 2014, cuando no se había firmado la paz
con las Farc.
A lo anterior se suma un
deterioro importante en el clima de seguridad en un buen número de centros
urbanos. Los reportes que maneja la Fundación Ideas para la Paz muestran que
entre agosto y enero pasados las incursiones de organizaciones armadas en
distintas poblaciones llegaron al mismo número que en los 18 meses previos.
La voz de la calle
Por tal motivo, los analistas
especializados sostienen que hay una desmejora notable en las condiciones bajo
las cuales se opera en el territorio colombiano. Y ese retroceso afecta a todos
por igual: desde la multinacional que explota recursos naturales hasta el
distribuidor de alimentos, el pequeño comerciante, los campesinos o la
población en general.
En el corto plazo,
circunstancias más difíciles se traducen en caída de ingresos que afectan el
bienestar de regiones enteras y golpean la creación de empleos. No menos
inquietante es el efecto más duradero, consistente en inversiones que nunca se
concretan, caída del valor de la tierra y presión migratoria sobre las ciudades
más grandes.
Nada de lo relatado es nuevo
en el país. Desde hace rato, los fenómenos de violencia han estado presentes en
innumerables sitios, con diferentes grados de intensidad. Lo preocupante es el
aumento en la intensidad de estos fenómenos.
La opción de quemar llantas o
poner objetos que impiden el tránsito ha sido una de las maneras preferidas de
expresar el descontento popular, pero sobre todo de llamar la atención de las
autoridades. Más que movilizar al alcalde o al gobernador de turno, interrumpir
la movilidad obliga al Gobierno central a hacerse presente con remedios
presupuestales.
Debido a ello, esta es una
manera mucho más expedita de obtener resultados. Y si la Fuerza Pública
prefiere no intervenir o se ve desbordada por la multitud, la única salida
posible es conciliar para que las cosas regresen a la normalidad hasta nuevo
aviso. Sin duda, las comunidades más exitosas en emplear la estrategia descrita
son las del Cauca, que han logrado tierras y fondos oficiales en las últimas
tres décadas.
No obstante, ahora el número
de manifestantes es secundario. De tal manera, lo que era un desafío ocasional
se volvió endémico y llega a extremos como el del viernes, cuando una persona
impidió durante cuatro horas el paso de camiones en el trayecto que conduce al
puerto de Agua Dulce en Buenaventura.
Para quienes trabajan en áreas
donde hay minería o hidrocarburos, los dolores de cabeza son constantes. Datos
de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas –que incluyen vías secundarias y
terciarias– muestran que hubo 1.056 episodios de conflictividad social en 2022,
cuatro veces el registro de 2016 y 36 por ciento más que el año precedente.
Por ejemplo, en el municipio
de Monterrey, en Casanare, hay manifestantes que impiden el acceso a la
estación El Porvenir desde el 3 de febrero. El grupo es pequeño, pero igual
evita la llegada de equipos necesarios para operación y mantenimiento, lo cual
afecta el bombeo de crudo.
Claramente, el problema va
mucho más allá de lo anecdótico. A diferencia de lo que venía ocurriendo en
años recientes, y más allá de varios paros nacionales traumáticos, lo que salta
a la vista en la actualidad es la cantidad de luces de emergencia que se
encienden al mismo tiempo.
Tener a Gustavo Petro en la
Casa de Nariño, quien no solo considera legítimo, sino positivo que la calle
hable, explica al menos parcialmente el aumento estadístico de los trastornos.
A lo anterior se suman las señales tácitas y explícitas para que la Policía no
despeje las vías, en un gobierno que se ha mostrado ambivalente frente a la
función de la Fuerza Pública en varias ocasiones y que dice privilegiar el
diálogo.
Reacción tardía
Conversar trae muchas
ventajas, obviamente si se hace rápido y desemboca en resultados.
Lamentablemente, el Ministerio del Interior no parece interesado en reaccionar
con velocidad, ni mucho menos en establecer un sistema de alertas tempranas.
Cuando se les plantea el tema, varios funcionarios dicen de manera informal que
una aparición institucional solo ocurre hasta pasadas 72 horas del primer
reporte.
Respuestas tardías causan
pérdidas considerables. Como señala Nidia Hernández, presidente de Colfecar,
“viajes que normalmente se hacen en un par de días toman ahora hasta dos
semanas”. Aparte del lucro cesante suben los índices de vandalización y saqueo
por parte de hordas que desvalijan tractomulas en minutos, como puede verse en
videos que circulan en las redes.
Cuando las autoridades se
demoran en actuar, la factura sube. En una carta enviada por el presidente de
Fenavi, Gonzalo Moreno, al viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez,
se muestra el tamaño del problema.
Según la comunicación, el
sector avícola produce 1,7 millones de toneladas de carne de pollo y 17.000
millones de huevos al año, para lo cual se requieren 7,5 millones de toneladas
de concentrados. Entre lo uno y lo otro se necesita mover un millón de
toneladas mensuales de producto que involucran a unos 100.000 camiones.
Como usualmente las materias
primas vienen de Barranquilla y Cartagena, cualquier quiebre en un eslabón de
la cadena se traduce en ventas perdidas, despachos incumplidos o menores
rendimientos. Solo en lo que atañe a los fletes, el cálculo del gremio habla de
un incremento entre 15 y 20 por ciento.
Algo similar le pasa al sector
porcino. De acuerdo con la Asociación PorkColombia, el impacto económico de
paros y cierres de carreteras como el de la vía Panamericana a la altura del
municipio caucano de Rosas, asciende a más de 50.000 millones de pesos en el
último trimestre.
El saldo en rojo también
abarca los bloqueos en Puerto Gaitán que han impedido la producción de unos
50.000 barriles de petróleo al día. Esto llevará a menores exportaciones,
ingresos fiscales y regalías.
Así se genera una cuenta
creciente que acabará siendo asumida por los colombianos. En algunos casos, el
efecto será el de mayores precios, justo cuando la inflación se mantiene por
encima del 13 por ciento anual. En otros, los costos se dispararán, mientras
que la gente del común –como María Barrera– tendrá que echarse la mano al
bolsillo.
La otra emergencia
Como si lo relatado no fuera
suficiente razón para inquietarse, vuelve a deteriorarse el clima de seguridad.
La semana pasada, durante una reunión de gobernadores con el Presidente y
varios de sus ministros, el mandatario del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, lanzó
un llamado desesperado sobre lo que pasa en la parte sur del departamento: “Se
siente como si la estuviéramos perdiendo”.
La denuncia se concentró en
las disidencias de las Farc. Un líder de la zona contó no solo que hay la
obligación de carnetizarse, sino que por todo hay que pagar: 5.000 pesos por
hectárea o 20.000 pesos por cada cabeza de ganado. “La vacuna le toca hasta al
que vende tinto” agregó el dirigente, quien insistió en el anonimato.
Nada hace pensar que las cosas
vayan a mejorar. En la región comienzan a aparecer otras agrupaciones como la
‘Segunda Marquetalia’ o ‘los Gaitanistas’, junto con los rumores de que más de
un finquero piensa defenderse.
A todas estas, el Ejército
está atrapado entre órdenes y contra órdenes. Si bien en un acto en Yarumal el
propio Gustavo Petro sostuvo que “grupo que esté traqueteando debe ser
perseguido”, las zonas grises abundan.
“Muchos oficiales tienen claro
que su carrera se puede acabar si actúan, con lo cual la mayoría se atiene a la
instrucción de solo proceder si hay que defenderse”, afirma un experto en tema.
“Les veo la cara de frustración, de impotencia, a los generales y a los
coroneles cuya moral está por los suelos”, agrega el vecino del sur del Meta
que asiste a los consejos de seguridad.
Para sus defensores, esos
sacrificios valen la pena en aras de sacar adelante el propósito de la paz
total. No es un hecho menor que 22 agrupaciones hayan manifestado intención de
acogerse a la iniciativa y que las confrontaciones con la Fuerza Pública hayan
disminuido de manera sustancial.
Sin embargo, los choques entre
los distintos grupos vienen en aumento, pues el repliegue de uno es la
oportunidad del otro para ocupar más espacio. Además, crímenes más silenciosos
como la extorsión –en el que también están involucradas bandas de delincuencia
común– asfixian a poblaciones enteras.
Aunque no faltará quien diga
lo contrario, no se puede usar la conocida expresión de ‘hechos aislados’. La
costa Caribe, Chocó, el Bajo Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander
forman parte de las regiones o departamentos en donde el retroceso es
indiscutible.
Frente a esta realidad, el
propósito de desarrollar el turismo o impulsar la agricultura como los grandes
motores del crecimiento futuro suena como una utopía. Objetivos como la
transición energética hacia fuentes de energía más limpias tampoco son fáciles
de concretar en un territorio por el cual es difícil moverse, hay que pagar
vacunas y los criminales pueden aparecer en cualquier momento.
Todo lo anterior es un
campanazo de alerta que merece ser tomado en serio por el Gobierno. Aparte de
que el mandato constitucional de defender la vida, honra y bienes de los
ciudadanos sigue en entredicho, aparece la probabilidad de entrar en un espiral
de violencias que podría contenerse si hay órdenes precisas y líneas claras que
permitan controlar el territorio.
María Victoria Llorente, de la
Fundación Ideas para la Paz, no oculta su inquietud. “Es preocupante cómo hemos
venido perdiendo terreno; no supimos aprovechar la oportunidad de la desmovilización
de las Farc”, sostiene.
Para la experta, “la
aproximación exclusivamente militar del anterior gobierno fue insuficiente y
hasta contraproducente”. Y concluye: “Ahora, la apuesta del gobierno Petro por
la paz y las negociaciones con múltiples estructuras criminales sin una estrategia
de seguridad territorial que la acompañe está acelerando el deterioro de
condiciones y la sensación de desprotección de la población en muchas regiones
del país”.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/analisis-de-ricardo-avila-problemas-en-el-territorio-741349
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