German Vargas Lleras
La solución es construir
nuevas cárceles, modernas, dignas, con capacidad para resocializar.
Recuerdo la primera
declaración del ministro de Justicia al posesionarse de su cargo, en el sentido
de que no se construiría una sola cárcel durante los próximos cuatro años y que
ante la alarmante situación de hacinamiento la solución sería la reducción al
máximo de la detención intramural mediante detenciones domiciliarias, régimen
de entradas y salidas por trabajo y fines de semana, reducción de penas, etc.
El hacinamiento, que asciende a 17.500 reclusos, se enfrentaría sacando a los
delincuentes de las cárceles. Fácil camino, pero peligroso y con consecuencias
impredecibles en materia de seguridad, de justicia, de orden y de
comportamiento ciudadano.
Los anuncios se concretaron en
el denominado proyecto de humanización de la política criminal y penitenciaria,
cuyo trámite se inició ya en el Congreso, por supuesto en sesiones extras para
que poco se discuta y se apruebe en el menor tiempo posible.
Veamos las principales perlas
del proyecto: las penas máximas se reducen para todas las condenas; la
posibilidad de recibir detención domiciliaria se aumenta a condenas hasta de
doce años (hoy 8), cuando es evidente que el Inpec jamás ha cumplido cabalmente
con su obligación de adelantar una inspección efectiva a quienes gozan de ese
beneficio. De 64.000 personas en detención domiciliaria, tan solo 5.800 tienen
dispositivo electrónico, y lo grave es que el porcentaje de reincidencia
probado de quienes salen de sus residencias a delinquir es de 23.220 delincuentes.
¡Qué tal!
También se gozará del
beneficio de domiciliaria aun frente a delitos de lesa humanidad, crímenes de
guerra, genocidio, delitos dolosos contra la administración pública, cuando se
haya cumplido el 60 % de la pena.
Para ser claros, alguien
condenado por peculado, a quien se le imponga la pena máxima de 17 años, podrá
regresar a su casa con rebajas y estudio en 7 años. Baste recordar que hoy está
prohibido que los actores de estos delitos reciban cualquier beneficio.
Y alguien condenado por acceso
carnal violento agravado con menor de 14 años, que debería purgar una pena de
19,5 años, podrá recuperar su libertad en 7 años y seis meses. Buen mensaje
para estos violadores y para la sociedad en su conjunto. La libertad
condicional procederá en estos mismos casos cumpliendo las 3/5 partes de la
pena. La reincidencia dejará de ser un factor para tener en cuenta en la
fijación de la pena, al igual que se suprime el concepto de flagrancia, ya que
esta última se iguala a la aceptación de cargos, que en el proyecto recibe
todos los beneficios penales.
También para descongestionar,
y como se había anunciado, se suprimen varios tipos penales. Se elimina el
capítulo de injuria y calumnia y los tipos penales de incesto, inasistencia
alimentaria, donde baste recordar que el año anterior se lograron conciliar
143.000 denuncias, que me temo, si se destipifica como delito, jamás se podrían
lograr. También se eliminan la elección ilícita de candidatos, el abigeato y,
cumpliendo compromisos, seguramente adquiridos con la llamada primera línea, el
terrorismo y el concurso no se podrán predicar cuando las conductas se realicen
en el marco de las protestas sociales.
En este proyecto de ley el
único criterio que se impone es el de la descongestión. Se olvida deliberadamente
a las víctimas de delitos de gran impacto social. ¿Qué pensarán estas ante el
anuncio de esta feria de beneficios y rebajas sin que medie un solo acto de
resarcimiento del daño causado? ¿Y qué mensajes estamos enviando como sociedad
a la delincuencia? Y me pregunto también qué mensajes a jueces, fiscales,
policías y miembros de la Fuerza Pública.
La solución es, sin duda
alguna, construir nuevas cárceles, modernas, dignas, con capacidad para
resocializar a los detenidos, pero en el plan de desarrollo no hay contemplados
recursos para este propósito. Solo se habla de justicia restaurativa,
alternatividad penal, sanciones no privativas de la libertad, beneficios
administrativos y medidas sustitutivas de la pena de prisión y tratamiento
penal diferenciado. Todo, todo en función de los delincuentes y nada en función
de las víctimas.
Imposible así contener una
criminalidad que está desbordada. A esta iniciativa se suma el proyecto de
sometimiento, el cual habrá tiempo de comentar.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-y-cayo-el-baloto-745254
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