ASEDIO A LA POLICIA

 

Lo ocurrido esta semana en San Vicente no puede, por ningún motivo, repetirse.

La imagen de un grupo de personas, con chalecos que las identifican como integrantes de la Guardia Campesina Losada Guayabero, que obligaban a un grupo de policías a subir a un camión generó airadas reacciones esta semana. Y es comprensible. El inusitado hecho se produjo poco después de conocerse la muerte del intendente Ricardo Arley Monroy, al parecer tras recibir una puñalada en el cuello y en estado de indefensión –según informó el ministro de Defensa, Iván Velásquez–, mientras intentaba controlar una protesta de un grupo de personas que terminó en la destrucción de las instalaciones de la empresa petrolera Emerald Energy.

En estos episodios también perdió la vida un campesino, otro homicidio para lamentar, y más de 30 integrantes del Esmad quedaron heridos. La manifestación, que adquirió un carácter violento, inaceptable desde cualquier punto de vista, se había producido por el incumplimiento de la promesa de arreglar una carretera de 50 kilómetros, vía necesaria para poder comercializar los alimentos que cultivan.

Pero esto no justifica tomar acciones como las ocurridas allí. Por más de 24 horas permanecieron privados de su libertad, en manos de los manifestantes, 78 integrantes de la Fuerza Pública y nueve empleados de Emerald Energy. Los primeros se vieron impotentes para contener a los agresores. Un impresionante audio en el que un uniformado clama por ayuda a un superior, y da cuenta de la gravedad de lo ocurrido, circuló por las redes.

Es una situación que merece toda la atención. Por las vidas humanas perdidas y porque es sintomático de algo muy preocupante: la dificultad vista en los últimos meses por parte de Gobierno en su tarea de manejar la tensión social, bajo la premisa del respeto del derecho que tienen quienes salen a la calle a expresar su descontento sin que esta disposición socave los cimientos del Estado de derecho. Sucesos como este constatan lo complejo que resulta trazar esta línea, que es la que hace posible el equilibrio entre el diálogo y el uso de herramientas coercitivas para garantizar la prevalencia del interés general. Una labor que no se limita a las decisiones que se tomen en caliente cuando las movilizaciones pasan de pacíficas a violentas.

Y aquí es donde hay que poner el acento. Para evitar que se llegue a situaciones con víctimas y con escenas como las de marras, que envían un mensaje muy preocupante que, con razón, genera críticas y llamados a preservar la legitimidad y el respeto por las instituciones que son columna vertebral de la democracia, es necesario hacer lo posible por impedir que las protestas, válidas y legítimas cuando se mantienen dentro del cauce legal, se desborden hasta llegar a extremos como el visto esta semana.

Para ello se requiere un abordaje integral, una hoja de ruta clara que permita abordar los diferentes frentes y hacerlo con pies de plomo. Ante todo, es clave que los mensajes que se emiten desde el Ejecutivo sean cuidadosamente estudiados para que la ambigüedad de posturas dadas a conocer a través de las redes, sin la debida mesura, termine jugando luego en contra de las instituciones. Es necesario también que una juiciosa labor de inteligencia permita ir un paso adelante de grupos que buscan desestabilizar instrumentalizando estas movilizaciones. En un contexto como el de esta región en la que confluyen intereses de diferentes organizaciones criminales involucradas en economías ilegales, y que acuden a la extorsión para financiarse, es perfectamente factible que quieran generar un río revuelto para allí pescar y salir ganadores. Una carta de la procuradora regional del Caquetá, revelada por este diario, había alertado sobre posibles constreñimientos de las disidencias de las Farc a los participantes de la protesta.

De ahí que un conocimiento suficiente de los diferentes actores con potencial de generar hechos violentos en la zona sea clave para que haya un despliegue suficiente de unidades de la Fuerza Pública con acceso a armas y herramientas adecuadas para su labor y para su defensa, que impidan llegar a una preocupante situación como la descrita en la mencionada conversación entre uno de los uniformados y su superior dando cuenta de su impotencia.

El Presidente acertó en su actitud de pedir a la Fiscalía investigar y dar con los responsables del homicidio, así como en exigir la inmediata liberación de los policías. Pero al mismo tiempo hay que advertir sobre lo urgente que debe ser para el Gobierno hacer los ajustes requeridos con el fin de que no se repitan estas escenas, que se suman a otras similares en las que uniformados son rodeados y privados de la libertad por civiles en Cauca y Antioquia, en medio de asonadas. Es necesario ser muy claros: nada justifica que civiles organizados pongan en jaque a la Fuerza Pública, sometiendo a sus integrantes a tratos humillantes. Si hay una línea roja cuyo traspaso puede no tener reversa, es esta.

EDITORIAL

Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-el-tiempo-el-asedio-a-la-policia-747251