Fracaso temprano del proceso de paz total

 

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

Las economías ilegales sin voluntad de paz aprovechan equivocaciones políticas para fortalecerse.

Durante años la izquierda ha enfrentado al Estado con la bandera de los derechos humanos centrada en la exigencia de la protesta social sin control, hasta el punto de señalar a la Policía de atentar contra la integridad de manifestantes, usando para exculparlos la generalización de tratarse de jóvenes sin oportunidades, desconociendo la violencia e infiltración de ilegales.

Enarbolada en la campaña presidencial, llevó a modificar la política de seguridad hasta el extremo de paralizar a las Fuerzas Militares, aun en caso de requerirse su apoyo para la protección de población civil y desmembrando el esfuerzo de tareas conjuntas que se daban con la Policía Nacional, para justificar su salida del Ministerio de Defensa.

Dos muertes, el secuestro de más de 80 personas y la destrucción del campo petrolero en Caquetá; la suspensión de operaciones de otra empresa en Arauca; el paro armado en el nordeste y el bajo Cauca antioqueño, entre otras alteraciones de orden público –detrás de las cuales están disidencias de las Farc, Eln, ‘clan del Golfo’–, dejan al descubierto el fracaso temprano del proceso de paz total.

El discurso de la defensa de los DD. HH., concentrado en el derecho a la protesta, expuso al Estado colombiano a revisiones de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Ahora la falta de control de la violencia lo deja a merced de denuncias por omisión en el cumplimiento de sus deberes.

De años atrás existió un convenio entre los ministerios de Minas y del Interior, que adoptó una ruta de articulación estatal para actuar en caso de conflictividad social entre comunidades y empresas que operan en territorios en donde habitan comunidades a las cuales no les llegan de manera suficiente las inversiones gubernamentales.

De manera preventiva se lograron acuerdos que permitían la convivencia pacífica en los territorios. Ante hechos tempranos de violencia, al Gobierno no le tembló la mano para que con el uso controlado de la Fuerza Pública se evitara llegar a los extremos que hemos visto en estos días.

Empresas que con concesiones y permisos sociales y ambientales adelantan actividades han tenido que parar, asumiendo enormes pérdidas con impacto sobre el empleo, parálisis en las economías regionales, disminución en regalías y desaparición de inversiones por programas de compensación y de responsabilidad social, así como el aumento de riesgo del país a la hora de ser calificado para decisiones de inversión.

Cabe advertir que el Estado colombiano ha adoptado lineamientos de Naciones Unidas sobre el respeto que las empresas deben tener por los DD. HH., no solo de sus trabajadores sino de su entorno.

En San Vicente del Caguán brilló por su ausencia la prevención. Al parecer, llegaron funcionarios sin conocimiento ni claridad sobre el papel que les correspondía, quienes además repelen a la Fuerza Pública porque le tienen desprecio por convicciones ideológicas.

La decisión de combatir la explotación ilegal de oro en Antioquia, en aras de preservar el medioambiente, se vio saboteada por el paro armado, el desafío a las autoridades y la violación de derechos, pues de por medio hay mafias que no tienen voluntad de legalizarse, no se trata de comunidades libres que ejercen minería artesanal.

Es el interés de las economías ilegales, que no tienen voluntad de paz. Que aprovechan las equivocaciones políticas para fortalecerse y a quienes las necesidades y derechos de las comunidades no les importan.

El Gobierno, obligado a autorizar el uso de la fuerza, sale rápidamente a justificar a los violentos, para no desdibujar el discurso de negociaciones con ilegales, usando las carencias de los jóvenes y la falta de eficacia del Estado en la generación de oportunidades.

A quienes piden propuesta a la oposición, aquí está. Recuperar la seguridad sobre la base del cumplimiento de las instituciones, en aras de la protección de las libertades y del bienestar de la gente.

Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/nancy-patricia-gutierrez/columna-de-nancy-patricia-gutierrez-fracaso-del-proceso-de-paz-total-749592