"El cúmulo de reformas
presentadas de manera atropellada hacen pensar que quiere aprobar todo
rápidamente para no depender del Congreso". © Proporcionado por El
Espectador
Lo que le ha hecho
disfuncional no es su origen plural; su composición por parte de diferentes
fuerzas políticas que, unidas, lograron conformar mayorías y ganar. Tampoco la
falta de solidaridad manifiesta en la filtración de un documento. Menos, la
heterogeneidad en sus enfoques. La salida del ministro Gaviria puso en
evidencia profundas diferencias en asuntos de fondo, como unos mínimos éticos,
y, aunque parezca increíble, versiones encontradas sobre fundamentos
universales de la economía; de la gestión pública, y lo que resulta más
preocupante: la realidad conocida y la realidad científica, comprobadas
empíricamente. Los choques al interior del gobierno continuarán.
Al gobierno y a su coalición
en el Congreso los cohesionan los asientos en los altos cargos y sus
respectivos presupuestos. ¿Principios y afinidad política? Observemos, por
ejemplo, la flexibilidad del Partido Conservador y sus recientes coincidencias
con el Pacto Histórico. ¿Existen niveles de afinidad? Por supuesto. Quienes
acompañaron decididamente a Petro en la elección y no llegaron a “ultima hora”
están más cerca de su primera línea -las ministras de Minas y Salud- y las
corrientes del liberalismo lideradas por los expresidentes Santos (¿todavía?) y
Samper. ¿Lealtad a los principios políticos? Difícil de establecer. Su omisión
tampoco explica la deslealtad implícita en la supuesta filtración. No es
posible gobernar con “enemigos”, pero resulta complicado hacerlo privilegiando
lealtad sobre capacidad, conocimiento técnico y experticia que los ciudadanos,
y la economía, merecen y esperan.
Al margen de los criterios
antes expuestos -el pegamento de la coalición-, existen factores de mayor peso.
La interpretación y relato de la realidad es uno de ellos: no es lo mismo
difundir verdades alternativas y noticias falsas para ganar una elección que
hacerlo desde el gobierno utilizando al elástico Twitter. Siendo en los dos
casos condenables y lamentables, las obligaciones éticas, morales y legales se
sitúan en diferentes niveles.
Al momento de publicarse esta
columna podemos esperar que un proyecto de reforma a la salud consensuado entre
los partidos de la coalición ya se encuentre en blanco y negro. Pero
afirmaciones como que “el sistema de salud es uno de los peores del mundo” o
que “la inflación y la devaluación del peso son culpa de los Estados Unidos” o
que “la salud es un derecho y no un negocio” o que “esos cuentos de la época
del ICSS – la del monopolio público del sistema de salud- no tienen nada que
ver con la reforma propuesta”, expresados por el presidente y sus altos
funcionarios, pueden servir para engatusar incautos, audiencias poco educadas e
informadas, o lo que es peor, apasionadas, aclimatando las reformas, pero riñen
con la verdad objetiva comprobable, los principios de la administración y las
ciencias; los instrumentos de medición de la opinión, de la gestión pública y
la misma historia. Y en ello no solo el ministro Gaviria, sino funcionarios
como los ministros Ocampo, López y el director de Planeación, firmantes de la
carta, tienen diferencias de fondo con el talante demostrado por el gobierno.
El cúmulo de reformas
presentadas de manera atropellada hacen pensar que quiere aprobar todo
rápidamente para no depender del Congreso. Ministros con experiencia, como los
citados, conocen del asunto. Saben que la universalización de la salud no sería
posible sin la participación del sector privado. Tampoco el desarrollo de los
servicios de telecomunicaciones, los cuales no nos fueron “dados”. Aunque gran
parte del electorado joven lo desconozca, hace apenas unas décadas, en las
épocas del monopolio público, para llamar a otra ciudad había que ponerse citas
en las oficinas de Telecom o solicitar la llamada mediante una operadora y
sentarse a esperar. ¿Telefonía celular? Ha sido posible por la participación
privada. Ni hablar de la revolución de las telecomunicaciones que ha sido, en
el mundo como en Colombia, consecuencia del esfuerzo mancomunado del Estado y
el sector privado que no son antagonistas como se quiere presentar. No se puede
condenar, como si fuese “pecado”, que el sector privado participe en la
ejecución de políticas públicas. Es desconocer la evolución de la
administración y la gestión pública y de sus principios aceptados
universalmente.
Esos ministros lo saben y no
pueden estar de acuerdo con quienes utilizan su desconocimiento para justificar
vaporosas propuestas de reformas, llevándonos a la inevitable pregunta sobre
cuánto tiempo más durarán en sus cargos. No se trata de una discusión sobre los
niveles o el sentido de oportunidad de la intervención estatal. Les va a resultar
cada vez más difícil conversar y explicar matemáticas avanzadas, cálculo
integral y derivadas a quienes no quieren aprender a sumar.
Posdata 1: Para Petro habrá un
antes y un después luego de lo que ha sido su jueves negro. Dado que esta
columna no se ocupa de chismes ni rumores prefiero no referirme a los
escándalos de la familia presidencial, asuntos que deben ser tramitados por la
justicia y las autoridades competentes con objetividad y celeridad. Sin
embargo, es imposible pasar por alto sus efectos políticos al reducir su
credibilidad y gobernabilidad. Al poner en entredicho su supuesta superioridad
moral. La historia de cómo una candidatura exitosa se ha venido convirtiendo en
un gobierno disfuncional.
Opinión de Luis Carvajal Basto
Tomado de: https://www.blogger.com/u/2/blog/post/edit/7384774282337441779/4525671547926968453
Posdata 2: Resulta ineludible
preguntarnos desde cual precepto, teórico, humano o legal, incluido el
propósito de lo que ha llamado Paz Total, se puede explicar la anomia de las
Fuerzas militares que, en la práctica, le impiden cumplir sus funciones como se
confirmó el jueves en el Caquetá. El respeto a derechos, instituciones y
autoridades es la frontera conocida entre barbarie y civilización. ¿Para dónde
va Petro? De acuerdo con su criterio ¿Cuál será la diferencia entre las
llamadas guardias campesinas, indígenas, etc., con los grupos paramilitares?
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