Entrevista a
Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU
para Derechos Humanos, sobre el informe 2023 —primero que corresponde al
gobierno Petro— que describe la situación de grave violencia. Reconoce algunos
avances y califica como “acertadas” las actuales políticas, pero advierte sobre
el crecimiento y poder de las bandas criminales en los territorios y lo que eso
implica en cuanto a pérdida de control del país por parte de las fuerzas del
Estado.
Su Oficina
presentó, esta semana, el primer informe, que corresponde al gobierno Petro,
sobre la situación de derechos humanos en Colombia en 2023. En el balance
general, ¿los hallazgos son mejores, iguales o peores que en otros gobiernos?
Colombia ha tenido
problemas estructurales en derechos humanos que, progresivamente, se han ido
deteriorando con el paso de los diferentes gobiernos debido a que el Estado no
ha logrado llegar a las comunidades y a los territorios con garantías de respeto
por los derechos y prevención de abusos y violaciones. En el actual informe
reconocemos avances importantes de la administración, por ejemplo, en que el
campesinado sea reconocido como sujeto pleno de derechos, o en las políticas
sobre seguridad humana y drogas que tienen enfoque de derechos humanos. Este
año 2024 debería ser el periodo en que tales políticas transformen la situación
de las comunidades. Pero nos preocupa la expansión de los grupos armados no
estatales y el control que ejercen en detrimento de los derechos de la
población, en particular de los pueblos indígenas y afros. Alertamos sobre esta
situación, porque si no es atendida debidamente, se presentarán riesgos para la
gobernabilidad estatal en el mediano y largo plazo.
Precisamente,
usted ha reiterado su preocupación por los “riesgos para la gobernabilidad”.
Colombia siempre ha sido débil en su control territorial y por eso los grupos
armados ilegales han podido fortalecer su poder local ¿Cree que el Estado se
está debilitando más en este periodo presidencial?
Ese ha sido un
problema histórico de Colombia. Ahora el país cuenta con un gobierno que puede
construir un Estado diferente, sobre todo en aquellas regiones que han sido
tradicionalmente abandonadas por administraciones pasadas. Pero para lograrlo
debe llegar a los territorios y aplicar allí, con coordinación estatal, las
políticas que ha anunciado.
Le preguntaré de
otra manera: ¿el Estado ha perdido control territorial por la llamada “política
de paz total” del presidente Petro?
Reitero que la
pérdida de control territorial por parte del Estado ha sido una tendencia
constante desde hace algunos años: los grupos han aprovechado los vacíos
institucionales de los diferentes gobiernos para copar los territorios y
controlar las poblaciones. Por ejemplo, el Acuerdo de Paz de 2016 tenía
prevista la presencia del Estado en las zonas de conflicto, pero no se
implementó a plenitud. Esos son los vacíos que los grupos ilegales aprovechan.
Su Oficina
presentó, esta semana, el primer informe, que corresponde al gobierno Petro,
sobre la situación de derechos humanos en Colombia en 2023. En el balance
general, ¿los hallazgos son mejores, iguales o peores que en otros gobiernos?
Colombia ha tenido
problemas estructurales en derechos humanos que, progresivamente, se han ido
deteriorando con el paso de los diferentes gobiernos debido a que el Estado no
ha logrado llegar a las comunidades y a los territorios con garantías de respeto
por los derechos y prevención de abusos y violaciones. En el actual informe
reconocemos avances importantes de la administración, por ejemplo, en que el
campesinado sea reconocido como sujeto pleno de derechos, o en las políticas
sobre seguridad humana y drogas que tienen enfoque de derechos humanos. Este
año 2024 debería ser el periodo en que tales políticas transformen la situación
de las comunidades. Pero nos preocupa la expansión de los grupos armados no
estatales y el control que ejercen en detrimento de los derechos de la
población, en particular de los pueblos indígenas y afros. Alertamos sobre esta
situación, porque si no es atendida debidamente, se presentarán riesgos para la
gobernabilidad estatal en el mediano y largo plazo.
Precisamente,
usted ha reiterado su preocupación por los “riesgos para la gobernabilidad”.
Colombia siempre ha sido débil en su control territorial y por eso los grupos
armados ilegales han podido fortalecer su poder local ¿Cree que el Estado se
está debilitando más en este periodo presidencial?
Ese ha sido un
problema histórico de Colombia. Ahora el país cuenta con un gobierno que puede
construir un Estado diferente, sobre todo en aquellas regiones que han sido
tradicionalmente abandonadas por administraciones pasadas. Pero para lograrlo
debe llegar a los territorios y aplicar allí, con coordinación estatal, las
políticas que ha anunciado.
Le preguntaré de
otra manera: ¿el Estado ha perdido control territorial por la llamada “política
de paz total” del presidente Petro?
Reitero que la
pérdida de control territorial por parte del Estado ha sido una tendencia
constante desde hace algunos años: los grupos han aprovechado los vacíos
institucionales de los diferentes gobiernos para copar los territorios y
controlar las poblaciones. Por ejemplo, el Acuerdo de Paz de 2016 tenía
prevista la presencia del Estado en las zonas de conflicto, pero no se
implementó a plenitud. Esos son los vacíos que los grupos ilegales aprovechan.
Visto desde la
otra orilla, ¿el desarrollo de la “paz total” ha incidido en la reducción de
las violaciones de los derechos humanos en los territorios o, como dice la
oposición partidaria de las soluciones de confrontación, las bandas armadas
aprovechan las negociaciones para fortalecerse?
Saludamos los
esfuerzos del Gobierno de buscar dialogar con actores armados no estatales,
pero también creemos, como lo ha dicho el presidente, que los ceses al fuego
tienen que traer mejorías en el diario vivir de las comunidades y las
poblaciones. No obstante, lo que se nota es que, a pesar de los esfuerzos
gubernamentales, esos grupos continúan desarrollando una violencia desmedida en
los territorios con extorsiones, restricción de la movilidad, amenazas y
homicidios de defensores, entre otros actos. Preocupa también el reclutamiento
infantil, sobre el cual sabemos que hay un subregistro. Hasta el momento, hemos
podido verificar a 134 niños reclutados. Los grupos armados tienen la
obligación de mostrar más compromiso con las poblaciones y el deber de liberar
a los niños y niñas menores de 18 años
Su Oficina
presentó, esta semana, el primer informe, que corresponde al gobierno Petro,
sobre la situación de derechos humanos en Colombia en 2023. En el balance
general, ¿los hallazgos son mejores, iguales o peores que en otros gobiernos?
Colombia ha tenido
problemas estructurales en derechos humanos que, progresivamente, se han ido
deteriorando con el paso de los diferentes gobiernos debido a que el Estado no
ha logrado llegar a las comunidades y a los territorios con garantías de respeto
por los derechos y prevención de abusos y violaciones. En el actual informe
reconocemos avances importantes de la administración, por ejemplo, en que el
campesinado sea reconocido como sujeto pleno de derechos, o en las políticas
sobre seguridad humana y drogas que tienen enfoque de derechos humanos. Este
año 2024 debería ser el periodo en que tales políticas transformen la situación
de las comunidades. Pero nos preocupa la expansión de los grupos armados no
estatales y el control que ejercen en detrimento de los derechos de la
población, en particular de los pueblos indígenas y afros. Alertamos sobre esta
situación, porque si no es atendida debidamente, se presentarán riesgos para la
gobernabilidad estatal en el mediano y largo plazo.
Precisamente,
usted ha reiterado su preocupación por los “riesgos para la gobernabilidad”.
Colombia siempre ha sido débil en su control territorial y por eso los grupos
armados ilegales han podido fortalecer su poder local ¿Cree que el Estado se
está debilitando más en este periodo presidencial?
Ese ha sido un
problema histórico de Colombia. Ahora el país cuenta con un gobierno que puede
construir un Estado diferente, sobre todo en aquellas regiones que han sido
tradicionalmente abandonadas por administraciones pasadas. Pero para lograrlo
debe llegar a los territorios y aplicar allí, con coordinación estatal, las
políticas que ha anunciado.
Le preguntaré de
otra manera: ¿el Estado ha perdido control territorial por la llamada “política
de paz total” del presidente Petro?
Reitero que la
pérdida de control territorial por parte del Estado ha sido una tendencia
constante desde hace algunos años: los grupos han aprovechado los vacíos
institucionales de los diferentes gobiernos para copar los territorios y
controlar las poblaciones. Por ejemplo, el Acuerdo de Paz de 2016 tenía
prevista la presencia del Estado en las zonas de conflicto, pero no se
implementó a plenitud. Esos son los vacíos que los grupos ilegales aprovechan.
Visto desde la
otra orilla, ¿el desarrollo de la “paz total” ha incidido en la reducción de
las violaciones de los derechos humanos en los territorios o, como dice la
oposición partidaria de las soluciones de confrontación, las bandas armadas
aprovechan las negociaciones para fortalecerse?
Saludamos los
esfuerzos del Gobierno de buscar dialogar con actores armados no estatales,
pero también creemos, como lo ha dicho el presidente, que los ceses al fuego
tienen que traer mejorías en el diario vivir de las comunidades y las
poblaciones. No obstante, lo que se nota es que, a pesar de los esfuerzos
gubernamentales, esos grupos continúan desarrollando una violencia desmedida en
los territorios con extorsiones, restricción de la movilidad, amenazas y
homicidios de defensores, entre otros actos. Preocupa también el reclutamiento
infantil, sobre el cual sabemos que hay un subregistro. Hasta el momento, hemos
podido verificar a 134 niños reclutados. Los grupos armados tienen la
obligación de mostrar más compromiso con las poblaciones y el deber de liberar
a los niños menores de 18 años.
Según su informe,
¿cuáles indicadores y tipos de violencia se redujeron en 2023?
En las
estadísticas a nivel nacional hay una ligera disminución en cifras de homicidio
de defensores; pero en determinados lugares del país el número de ese tipo de
crímenes aumentó. Por ejemplo, 25 defensores fueron asesinados en el Cauca, lo
que representa un incremento de más del 30 %, en ese departamento, con respecto
al año anterior. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA), hubo disminución en la cifra total de
confinamientos, pero ocurre como en el caso anterior: el confinamiento aumentó
en unas zonas del Cauca. Con relación a los asesinatos de los antiguos
integrantes de las FARC también hubo disminución; sin embargo, el número de
casos sigue siendo alto y, desde luego, condenable. Insisto en que al mismo
tiempo es visible la expansión territorial y el despliegue de estrategias
violentas de control social por parte de los grupos armados no estatales contra
las comunidades, lo que las pone en grave riesgo. En resumen, se presentan
algunas pocas disminuciones en materia de vulneración de derechos, pero la
situación en muchos territorios empeora y es muy preocupante.
¿Cuáles
indicadores de violación de derechos humanos y cuáles regiones empeoraron en
2023?
Aumentaron las
masacres: mientras en el año 2022 verificamos 92, en 2023 verificamos 98
masacres con 320 víctimas (de las cuales 242 eran hombres, 46 mujeres, 25 niños
y siete niñas). En el 93 % de las masacres verificadas, la autoría sería de
grupos armados no estatales y de organizaciones criminales. Por departamentos,
los más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle
del Cauca.
Ustedes utilizan
un índice de impacto de la violencia ¿En qué se basan?
En cinco
variables: homicidios de personas defensoras, masacres, asesinatos de
excombatientes, tasas de confinamiento y desplazamiento por 100.000 habitantes.
En 2021, 156 municipios fueron clasificados como los más afectados por la
violencia; en 2022, 180, y en 2023, 206. Esto denota la expansión de la
violencia territorial, fenómeno al que si se le suma que esos 206 municipios
pertenecen a 28 departamentos de los 32 que tiene el país, dimensiona la
delicada situación de debilitamiento del control estatal. Los cuatro municipios
que hemos denominado críticos, según ese índice, son Tame (Arauca), Balboa
(Cauca), Cali (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño).
En sus palabras,
la situación de vulneración de derechos en Colombia “es intolerable”. ¿Puede
uno suponer, válidamente, que la fuerza del Estado es mucho más eficiente que
las mesas de diálogo con los grupos ilegales?
No. Las políticas
que está desarrollando este Gobierno son acertadas porque atienden las causas
estructurales del conflicto, buscan desmantelar las estructuras del crimen
organizado y ponen la protección de la vida en el eje de las acciones del
Estado. Lo que falta es articulación entre los diferentes programas y oficinas
oficiales con el objeto de que lleguen de manera coordinada a los territorios.
De esa manera, las autoridades locales sentirán el respaldo nacional cuando
enfrenten la acción de los grupos ilegales que atacan a sus comunidades y
poblaciones.
Entonces, ¿cree
que tuvo razón el presidente cuando dijo, después de intentar el
desmantelamiento del denominado clan del Golfo, que “la orden es clara: [hay
que] destruirlo”?
Una cosa es el
diálogo con los grupos armados y otra cosa es el fortalecimiento del Estado de
derecho en los territorios. Este puede y debe desarrollarse de todos modos. En
el Acuerdo de Paz de 2016 se previó la implementación de una política de
desmantelamiento de todas las organizaciones generadoras de violencia que
causan tanto daño a los movimientos sociales, a los líderes sociales y a la
población. Pero esa política no ha sido debidamente ejecutada.
Tomado de: https://www.elespectador.com/politica/expansion-de-grupos-armados-un-riesgo-para-el-estado-representante-de-la-onu/
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