La hidroeléctrica Urrá está en el ojo del huracán por la entrega de contratos directos a diez empresas que revenden energía
CAMBIO
revela el cruce de socios, representantes legales y domicilios que unen a las
diez empresas que le compraron a la hidroeléctrica de Urrá energía por debajo
del precio del mercado, para venderla más cara. Estas firmas, que aparentan ser
competidoras, operan en conjunto. La justicia investiga si se trata de un
cartel.
Solo
hasta hace dos meses los colombianos oyeron hablar de la Hidroeléctrica Urrá.
Sin embargo, el nombre de esa empresa de servicios públicos, que opera desde el
año 2000 y está ubicada en el departamento de Córdoba, ha encabezado los
titulares de prensa por cuenta de las irregularidades que estarían
presentándose en la entrega de contratos para la venta de energía.
El
tema empezó a sonar en el debate público cuando La W y el periódico El Tiempo
revelaron el proceder irregular de los directivos de la compañía. Según estos medios, en la
hidroeléctrica existe un esquema para venderles energía por debajo del precio
del mercado a diez empresas intermediarias, que luego la revenden entre 30 y 50
por ciento por encima del valor.
Aunque
esa revelación ya mostraba un patrón de conducta preocupante y potencialmente
delictivo, el curso de la investigación ha encontrado que el entramado de la
hidroeléctrica Urrá es mucho más grave de lo que se creía.
CAMBIO
revela que esas diez empresas que se han beneficiado de los malos manejos en
Urrá comparten algo más que la buena suerte.
Las
empresas detrás de los contratos con Urrá
A
raíz de las revelaciones de la prensa, el ministro de Hacienda, Ricardo
Bonilla, se interesó en llegar al fondo del asunto y pidió que indagaran por la
adjudicación de los contratos de energía, el precio de cada uno y los clientes
beneficiados.
El
periódico El Tiempo reveló el resultado de las primeras pesquisas ordenadas por
el ministro. En esa matriz se estableció que el monto de las ventas bajo
sospecha era de 1,4 billones de pesos. En el mismo documento, se registraban
los nombres de las diez empresas contratistas de Urrá que se habrían hecho a
grandes volúmenes de energía a precio de huevo.
Se
trata de Espacio Productivo (Esprod), Americana de Energía, Coenersa,
Generarco, Energía Limpia y Eficiente (Elefi), Fuentes de Energías Renovables
(Furesas), Carbón Energy, Distribuidora Comercializadora de Energía e
Hidrocarburos (Energéticos), Energía y Gas y Soul Energy. Todas son empresas
prestadoras de servicios públicos y están registradas, unas como
comercializadoras, y otras como generadoras de energía en Colombia.
Lo
que no se sabía es que varias de esas diez empresas tienen vínculos entre sí y
una forma de operar con todas las características de un cartel.
Al
revisar los documentos de cada una de las firmas intermediarias, que le habrían
comprado la energía a Urrá, se encontraron varias conexiones de personas
naturales y jurídicas que generan preocupación.
CAMBIO
conoció que en las primeras indagaciones que adelanta la Superintendencia de
Servicios Públicos sobre este caso, se determinó que hay nombres de
representantes legales y miembros de las juntas directivas que, aunque en
teoría son competidoras, se repiten en varias empresas.
Por
ejemplo, Diana Marcela Cogua Cabrera aparece en Americana de Energía y también
en Coenersa; Carolina Herrera Pombo hace parte de Coenersa y de Generarco;
Jaime Segura, está vinculado a
Energéticos y a Energía y Gas; Jair Segura Díaz, que trabaja en Energéticos, en
Furesas y en Energía y Gas, y finalmente Marisol Segura Díaz, representante
legal de Energéticos.
Esta
última, según el periódico El Tiempo, es una empresaria que tiene una propiedad
en la Florida (EEUU), justo en el mismo domicilio donde está la firma Windsun
Energy LLC, cuyo socio es Carlos Julián Caicedo, actual pareja del presidente
de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Esas
no son las únicas coincidencias: Aunque el registro de la empresa Furesas está
en Cali y el de la empresa Elefi en Bogotá, ambas tienen como accionista
minoritario a una firma de energía más pequeña llamada QI Energy.
El
ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo el pasado 26 de agosto, en
entrevista con la W Radio, que tres de las diez empresas involucradas en este
caso estaban en el municipio de Villapinzón, en Cundinamarca. CAMBIO logró
establecer que las compañías a las que el funcionario hizo referencia son
Generarco, Americana de Energía y Coenersa.
Americana
de Energía y Coenersa están en ese municipio cundinamarqués y comparten la
misma dirección (Diagonal 6 #3-96). Incluso quedan a una cuadra de
Generarco, la tercera empresa
mencionada. Es difícil pensar que todo lo anterior sea una casualidad.
La
red de empresas, con socios repetidos y ubicada en la misma cuadra del
municipio papero de Colombia, concentra el 70 por ciento de las ventas de
energía de la hidroeléctrica Urrá. Los primeros hallazgos de la SuperServicios
serán trasladados a las autoridades competentes, que deberán establecer si los
lazos entre las compañías han sido reportados o si se trata de una malla
empresarial ilegítima.
La
sombra de los políticos en la hidroeléctrica
El
99 por ciento de la empresa Urrá es de propiedad del Estado y por eso su Junta
Directiva está compuesta por tres representantes del Ministerio de Hacienda,
dos del Ministerio de Minas, un miembro independiente -que en este momento es
el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta- y el alcalde del municipio de
Tierralta, área de influencia directa de la represa.
En
febrero de este año empezaron los problemas en la junta. El presidente de la
hidroeléctrica, Rafael Amaya del Vecchio, fue removido de su cargo por decisión
de la Junta Directiva. Desde ese entonces una avalancha de acciones judiciales
buscó el reintegro de Amaya. La justicia falló a su favor y pudo volver a la
empresa más no a la presidencia. La junta puso en su reemplazó a Eduardo Díaz.
Esa
decisión, según han contado varios medios de comunicación, habría sido una
estrategia política para beneficiar al representante cordobés Andrés Calle,
implicado también en el escándalo de la UNGRD.
Según
las versiones de prensa, Calle fue quien le propuso la hoja de vida de Díaz a
la junta de Urrá. Una vez posesionado, Díaz le otorgó a Ángel David Delgado
Domínguez un poder amplio y absoluto para tomar decisiones de la compañía.
Delgado es el secretario general de la hidroeléctrica y, de acuerdo con la W
Radio, es también aliado de Gabriel Calle, diputado de Córdoba y hermano del
representante liberal Andrés Calle.
Las
estimaciones de la Contraloría indican que la venta de energía por debajo del
precio de mercado a las diez empresas, que empezó en 2017, le habría generado
al país pérdidas de más de 300.000 millones de pesos.
La
relación de Air-e con el caso Urrá
Las
ventas de energía por parte de la hidroeléctrica Urrá a las diez empresas
intermediarias que después la revendieron es solo el primer eslabón de la
cadena en esta investigación que podría terminar siendo un nuevo escándalo
nacional.
Por
eso, las autoridades también tienen la lupa en los destinatarios o compradores
finales de esa energía que pagaron entre un 30 y un 50 por ciento más por ella.
CAMBIO conoció que una de las empresas distribuidoras que se convirtió en
cliente de las generadoras y comercializadoras intermediarias fue Air-e E.S.P.
Desde
2021, y a pesar de la crisis que ya se vivía en la costa Caribe por los altos
precios de la energía, Air-e habría empezado a comprar la energía a los
intermediarios.
Ese
año, la empresa de Alberto Ríos Velilla, que asumió en octubre de 2020 la
operación de Atlá Esta última, según el periódico El Tiempo, es una
empresaria que tiene una propiedad en la Florida (EEUU), justo en el mismo
domicilio donde está la firma Windsun Energy LLC, cuyo socio es Carlos Julián
Caicedo, actual pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Esas no son las únicas coincidencias: Aunque el registro de la empresa Furesas está en Cali y el de la empresa Elefi en Bogotá, ambas tienen como accionista minoritario a una firma de energía más pequeña llamada QI Energy.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo el pasado 26 de agosto, en entrevista con la W Radio, que tres de las diez empresas involucradas en este caso estaban en el municipio de Villapinzón, en Cundinamarca. CAMBIO logró establecer que las compañías a las que el funcionario hizo referencia son Generarco, Americana de Energía y Coenersa.
Americana de Energía y Coenersa están en ese municipio cundinamarqués y comparten la misma dirección (Diagonal 6 #3-96). Incluso quedan a una cuadra de Generarco, la tercera empresa mencionada. Es difícil pensar que todo lo anterior sea una casualidad.
La red de empresas, con socios repetidos y ubicada en la misma cuadra del municipio papero de Colombia, concentra el 70 por ciento de las ventas de energía de la hidroeléctrica Urrá. Los primeros hallazgos de la SuperServicios serán trasladados a las autoridades competentes, que deberán establecer si los lazos entre las compañías han sido reportados o si se trata de una malla empresarial ilegítima.
La
sombra de los políticos en la hidroeléctrica
El 99 por ciento de la empresa Urrá es de propiedad del Estado y por eso su Junta Directiva está compuesta por tres representantes del Ministerio de Hacienda, dos del Ministerio de Minas, un miembro independiente -que en este momento es el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta- y el alcalde del municipio de Tierralta, área de influencia directa de la represa.
En febrero de este año empezaron los problemas en la junta. El presidente de la hidroeléctrica, Rafael Amaya del Vecchio, fue removido de su cargo por decisión de la Junta Directiva. Desde ese entonces una avalancha de acciones judiciales buscó el reintegro de Amaya. La justicia falló a su favor y pudo volver a la empresa más no a la presidencia. La junta puso en su reemplazó a Eduardo Díaz.
Esa decisión, según han contado varios medios de comunicación, habría sido una estrategia política para beneficiar al representante cordobés Andrés Calle, implicado también en el escándalo de la UNGRD.
Según las versiones de prensa, Calle fue quien le propuso la hoja de vida de Díaz a la junta de Urrá. Una vez posesionado, Díaz le otorgó a Ángel David Delgado Domínguez un poder amplio y absoluto para tomar decisiones de la compañía. Delgado es el secretario general de la hidroeléctrica y, de acuerdo con la W Radio, es también aliado de Gabriel Calle, diputado de Córdoba y hermano del representante liberal Andrés Calle.
Las
estimaciones de la Contraloría indican que la venta de energía por debajo del
precio de mercado a las diez empresas, que empezó en 2017, le habría generado
al país pérdidas de más de 300.000 millones de pesos.
La
relación de Air-e con el caso Urrá
Las ventas de energía por parte de la hidroeléctrica Urrá a las diez empresas intermediarias que después la revendieron es solo el primer eslabón de la cadena en esta investigación que podría terminar siendo un nuevo escándalo nacional.
Por
eso, las autoridades también tienen la lupa en los destinatarios o compradores
finales de esa energía que pagaron entre un 30 y un 50 por ciento más por ella.
CAMBIO conoció que una de las empresas distribuidoras que se convirtió en
cliente de las generadoras y comercializadoras intermediarias fue Air-e E.S.P.
Desde
2021, y a pesar de la crisis que ya se vivía en la costa Caribe por los altos
precios de la energía, Air-e habría empezado a comprar la energía a los
intermediarios.
Ese
año, la empresa de Alberto Ríos Velilla, que asumió en octubre de 2020 la
operación de Atlántico, Magdalena y La Guajira, firmó contratos con
Energéticos, Generarco, Coenersa, Americana de Energía y Espacio Productivo,
las mismas compañías de los vasos comunicantes. El monto de esas transacciones
fue de 50.000 millones de pesos.
La
práctica, según los registros conocidos por CAMBIO, se repitió en 2022 y 2023
cuando Air-e compró más kilovatios de energía también a esas empresas por un
valor de 3.800 millones de pesos.
Además,
este medio estableció que ya hay otros contratos firmados a largo plazo para
2024, 2025, 2026, 2027, 2028 entre Air-e y Esprod, Coenersa, Energéticos y
Genersol para también adquirir una parte de los kilovatios que la distribuidora
necesitará para atender su demanda a futuro.
¿Por qué Air-e compró y sigue comprando una energía cuyo valor está un 30 por ciento por encima del valor del mercado, teniendo en cuenta que debe optimizar sus costos para aliviar también el bolsillo de sus usuarios? Eso es lo que también tratan de establecer los entes que están revisando todo lo que ha pasado con Urrá.
Aunque
los involucrados hasta ahora en este nuevo caso que el mismo gobierno investiga
han negado su participación y nexos con Urrá y las empresas contratistas, lo
cierto es que sí hay intereses políticos detrás de los millonarios negocios que
se generan allí.
El
gobierno ha dicho que está buscando la forma de relevar de la presidencia de
Urrá al señor Díaz para poder tomar el control de esta, pero eso por ahora no
se ha podido lograr y la influencia sigue en manos de los clanes y políticos
tradicionales de Córdoba.
Tomado
de: https://cambiocolombia.com/poder/energia-precio-de-huevo-la-red-empresarial-detras-de-la-hidroelectrica-de-urra
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