Solo entre mediados de 2023 y 2024, las Fuerzas Militares registraron cerca de 80 ataques con drones ejecutados por el ELN y disidencias de las FARC. La falta de marco jurídico complica el panorama. Análisis de Laura Bonilla, subdirectora de Pares.
Un
miembro de las disidencias de las FARC sostiene un dron en un paraje del
oriente de Colombia. Foto: Julián Ríos Monroy
Ya no hace falta una ráfaga de
fusil para saber que la guerra llegó. Basta con escuchar un zumbido agudo,
insistente, mecánico. Es el sonido del dron. Y en Colombia, ese sonido ya es
sinónimo de miedo.
Un
buen aparato se consigue por menos de cinco millones de pesos. La venta es
libre para civiles, y cualquier intento de prohibición probablemente solo
engrosaría otro mercado ilegal —de esos que ya tenemos demasiados. Los drones
son vehículos aéreos no tripulados que pueden volar de forma autónoma gracias a
software, sensores y sistemas de navegación. Pequeñas máquinas que no sólo
vuelan sino que filman, miden, toman fotografías y recientemente arrojan
bombas. No exponen al victimario y generan una buena cantidad de daño a bienes
y civiles.
En
el mundo están siendo usados para importantes avances y también para causar un
gran daño, operando en una zona gris para los Estados en materia de seguridad,
pero también con dificultades para su clasificación según el Derecho
Internacional Humanitario. Y yo creo que debemos estar auténticamente
preocupados.
En
los últimos años, actores armados ilegales han incorporado drones y tecnologías
comerciales como herramientas bélicas en conflictos irregulares. En particular,
en Colombia desde 2020 se ha documentado el uso de drones por parte de
disidencias de las FARC, el ELN y grupos del crimen organizado como el Clan del
Golfo, tanto para propósitos ofensivos —ataques con explosivos— como para
vigilancia estratégica.
Su
acceso, al igual que su uso, es global. Se ha pasado de labores de
reconocimiento a ataques directos. En varias regiones se habla incluso de
“droneros”, un nuevo rol táctico en auge dentro de la guerra irregular. Estos
dispositivos permiten causar daño desde el anonimato, con bajo riesgo y alto
impacto, en una guerra cada vez más fragmentada, trasnacional y asimétrica.
El
potencial destructivo es tan amplio como accesible. En Michoacán, México, el
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) empleó drones para lanzar explosivos con
químicos tóxicos que causaron afectaciones respiratorias a la población.
En
Medio Oriente, ISIS ya había convertido drones civiles en armas letales desde
2016, como se evidenció en la batalla de Mosul. Hezbolá hizo lo mismo en
Líbano, combinando drones armados con misiles guiados. No se trata de ciencia
militar sofisticada, sino de creatividad bélica con dispositivos disponibles en
tiendas. Y en Colombia, también están aprendiendo.
En
la siguiente tabla se resumen los principales casos documentados (2020–2025)
por prensa, reportes de inteligencia y observación directa:
En Colombia, los ataques
documentados no son aislados. Solo entre mediados de 2023 y 2024, las
Fuerzas Militares registraron cerca de 80 ataques con drones ejecutados por el
ELN y disidencias de las FARC.
En Tibú, uno de esos
artefactos dejó un soldado muerto y seis heridos. En El Tarra, los explosivos
lanzados desde el aire mataron animales, destruyeron viviendas y aterrorizaron
comunidades enteras. En Cajibío se lanzaron quince granadas en una sola noche.
Es una guerra que llega desde el cielo, que no da aviso, y que está
reconfigurando el equilibrio de poder en zonas rurales y periféricas.
La respuesta
del Estado colombiano ha sido tardía y fragmentada. Se han adquirido sistemas antidrones,
recibido donaciones tecnológicas y entrenado personal militar, pero vastas
regiones siguen sin protección. Los grupos armados se adaptan, cambian
frecuencias, programan vuelos autónomos. Derribar un dron no basta cuando hay
diez más listos para despegar.
Mientras
tanto, las autoridades oscilan entre minimizar el problema —como lo hizo el
propio presidente Petro— y sobredimensionarlo políticamente para justificar el
aumento del pie de fuerza. En ambos casos, se pierde el foco: el problema no es
solo el dron. Es el rezago del Estado frente a una innovación violenta que ya
está aquí.
Y está
aquí sin un marco legal claro. El Derecho Internacional Humanitario exige a los
actores armados respetar los principios de distinción y proporcionalidad. Pero
en la práctica, los drones improvisados lanzan metralla con precisión
imprecisa. Pueden herir civiles, destruir casas, infundir terror.
En
Colombia se han denunciado ataques nocturnos, camuflaje con símbolos de
rendición, e incluso el uso de sustancias químicas. Todo ello podría constituir
crímenes de guerra, pero no hay aún una vía judicial clara para juzgar estas
nuevas formas de agresión. La guerra con drones va más rápido que el derecho. Y
la historia nos ha enseñado que, cuando eso ocurre, los que más pierden no
están en el aire. Están en el suelo.
*Este
artículo analítico se elaboró con información de las siguientes fuentes
periodísticas, complementadas con información en terreno a partir de la
presencia de enlaces y coordinaciones de la fundación PARES a quienes siempre
agradezco su trabajo y el riesgo que corren al hacerlo: Prensa nacional e
internacional, informes de seguridad y testimonios oficiales, incluyendo
Infobae, Revista Poder, El Colombiano, Noticias RCN, Reuters, AP News, entre
otros.
Tomado
de: https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/ataques-con-drones-asi-usan-disidencias-de-farc-eln-y-clan-del-golfo-la-nueva-arma-de-guerra/?outputType=amp#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17456633250612&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
NOTA:
Catatumbo:
lo que hay detrás de cien días de crisis e inestabilidad
https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/catatumbo-como-se-han-vivido-los-100-dias-de-crisis-humanitaria-tras-arremetida-de-eln/?cx_testId=55&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
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