Ante los que no están en el Gobierno las mayorías ahora practican lo que por años criticaron.
Sin mayor debate, a pupitrazo
y votando decenas de artículos en bloque, como ocurrió con la reforma tributaria
en Comisiones conjuntas, pretende el Gobierno del llamado cambio en tan solo
dos semanas evacuar el Presupuesto Nacional, la compleja ley de orden público o
marco legal para la Paz Total, el acto legislativo de reforma política, la
Corte Agraria, el consumo recreativo del cannabis, el Código Electoral y, por
supuesto, la mencionada reforma tributaria. Ante la mirada atónita de las
menguadas fuerzas de quienes no están en el Gobierno y abusando del mensaje de
urgencia para no perder un minuto en debates para ellos estériles, las mayorías
ahora practican lo que por años criticaron.
Sorprende que partidos como el
Liberal y ‘la U’, pero particularmente el Conservador, en el cumplimiento de
sus “compromisos” como partidos de gobierno, en tan solo pocas semanas hayan
cambiado totalmente su posición frente a temas muy sensibles y, diría yo, hasta
ahora inamovibles de sus plataformas ideológicas.
El paquetazo legislativo ha
incluido nuevamente la aprobación del Tratado de Escazú, al que muchos
parlamentarios se habían opuesto anteriormente e incluso bloqueado su debate
cuando el Gobierno Duque lo presentó con mensaje de urgencia. No sobra
advertir, entonces, que tendremos tratado vigente aun antes de reglamentar las
consultas previas.
Muchos hemos señalado desde el
principio la inconveniencia de la ratificación de este tratado, y muy en
particular los sectores productivos, que han advertido que los tropiezos en la
aprobación de miles de proyectos hoy en trámite de consultas previas y
licenciamientos ambientales se harán francamente imposibles con la
incorporación de las nuevas obligaciones del tratado a nuestra legislación
interna.
Hay que reconocer que los
defensores de este hicieron bien su trabajo mediático. Sus argumentos calaron
en la opinión pública, en el propio Congreso y, cómo no decirlo, en los medios
de comunicación que abanderaron la iniciativa. Pero claro, ¿cómo oponerse al
argumento de que con su ratificación se salvarán vidas de los líderes
ambientales? Se señala el asesinato de 322. Una cifra cuyo origen no es claro,
pero que exige que las autoridades investiguen y sancionen. ¿Cuántos de los
responsables de estos crímenes están procesados y cuántos condenados?
Ojalá fuera distinto, pero
tengo la convicción de que el tratado poco contribuirá a proteger a los líderes
ambientales amenazados o en peligro, quienes deben contar con toda la
protección del Estado y con el compromiso de las autoridades de Policía y de la
Unidad de Protección.
¿Y cómo oponerse también a la
lucha contra la desigualdad, la discriminación y el derecho a un ambiente sano
y a un desarrollo sostenible? Imposible. Pero avanzar en esos loables
propósitos poco depende de la aprobación de este tratado y sí mucho de la
voluntad de los gobiernos.
Pero en cambio este tratado,
para decirlo sin eufemismos, hará inviable cualquier proyecto de desarrollo en
el país, aumentará la inseguridad jurídica y multiplicará los tiempos y la
incertidumbre en los procesos de licenciamiento.
Algunos dirán que no importa,
pues el Gobierno ya ha informado que no se otorgarán más licencias para
explorar ni explotar petróleo, ni gas ni carbón, tampoco en minería, ni hablar
de proyectos de transporte e infraestructura, solo red terciaria; tampoco nada
de proyectos agroindustriales, y aun los turísticos también caerán en el
negacionismo anunciado de la Anla y demás agencias estatales.
Lo único rescatable es que el Tratado de Escazú, en palabras de la
activista ministra de Ambiente, terminó de sepultar el fantasioso proyecto
bandera del Gobierno: el tren eléctrico elevado entre Buenaventura y
Barranquilla.
El mundo se encuentra ad
portas de entrar en una recesión económica. En Colombia se pronostica
decrecimiento en 2023, así lo anuncian el Fondo Monetario Internacional y el
propio presidente Petro. Pero el Gobierno hace oídos sordos y lejos de impulsar
proyectos de desarrollo e infraestructura generadores de crecimiento, riqueza y
empleo se empeña en impedirlo, con pésimas señales para los inversionistas,
como lo son esta de Escazú y, por supuesto, la tributaria, sobre cuyos muy
negativos efectos es imposible profundizar más.
Tomado de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-dictadura-en-el-congreso-710176
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