martes, 20 de diciembre de 2022

'Empresas de domicilios son fábricas de accidentes viales': director de Adres

 


Desde el 19 de diciembre comenzó a regir el descuento del 50 por ciento del Soat.  FOTO: Miguel Pardo / Archivo EL TIEMPO

Félix León Martínez, director de la Adres, dice que el país enfrenta un problema de salud pública.

Con un número de víctimas rondando el millón, la elevada accidentalidad vial del país es un problema de salud pública que el Estado debe enfrentar con total seriedad. Así lo señaló Félix León Martínez Martínez, director de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), en entrevista con EL TIEMPO.

Además, señaló que una parte importante de esa elevada accidentalidad vial recae en esos miles de trabajadores en moto, que son contratados por empresas de domicilios que no les pagan seguridad social, ni les proporcionan elementos de seguridad con el argumento de que son ‘prestadores de servicios’, pero sí les exigen entregas en tiempos récord; de lo contrario, los sancionan económicamente.

Por eso, fue enfático al señalar que esas empresas deberían tener un mayor control, pues "son una fábrica de accidentes".

¿Cuál es el papel de Adres en el descuento del 50 por ciento del Soat anunciado por el Gobierno?

El Adres está pagando la atención de los accidentes de tránsito cuando el vehículo no está asegurado (además carros fantasmas y Soat vencido). Si no hay seguro, de todas formas, se paga por esos accidentes. De ahí que la baja en el precio del Soat aspira a corregir el problema de evasión que se tiene hoy debido al alto costo del seguro para los de menores ingresos.

Necesitamos aumentar la cobertura, por eso había que disminuir la tarifa; de lo contrario el sistema termina pagando, de todas formas, para las personas no aseguradas. La evasión del Soat en el país se acerca al 409 por ciento.

¿Cuánto le cuesta a la entidad esa cobertura?

Entre 100.000 millones y 130.000 millones de pesos al mes para asumir los costos de esos siniestros, pero el presupuesto para estas obligaciones tiene que aumentar de manera significativa.

 

¿En cuánto se estima la reducción de la evasión con esta medida?

No tengo una respuesta. En teoría económica cuando baja un precio se mejora la adquisición de ese seguro, pero eso tiene que ir acompañado de una exigencia mucho más severa del seguro, sanciones más severas por no tenerlo, de exigir el seguro en ciertos puntos, no permitir que salgan motos y otros vehículos de los concesionarios sin la póliza y de otras medidas colaterales para garantizar la disminución de la evasión.

Y con ello también se podrá reducir la elevada siniestralidad vial que presenta el país...

Acá no estamos solo frente a un problema financiero que se está resolviendo para garantizar que los ciudadanos estén protegidos por su sistema de seguridad social y el Soat, para garantizar que las clínicas y hospitales puedan cobrar todas las cuentas sin problema, pero el problema de salud pública hay que enfrentarlo con mucha seriedad por parte del Estado.

Esta es una situación muy grave, estamos hablando de cerca de un millón de personas accidentadas por año, el problema es de unas dimensiones extraordinarias, una accidentalidad fuera de todas proporciones y eso significa que hay que tomar medidas de seguridad vial, con educación, no solo por los 5.000 muertos en accidentes viales del 2022, sino por las 800.000 personas heridas, lesionadas y traumatizadas de las cuales un porcentaje significativo queda con secuelas, con problemas de discapacidad de por vida.

¿Cuánto le cuestan esas víctimas a la seguridad social?

Más allá de la cifra, la sociedad debería evaluar cuántos trabajadores en moto quedan discapacitados o mueren y cuántas familias se van a la pobreza por ello, porque son muchos motociclistas que trabajan para empresas de reparto que no les brindan ninguna protección ni pago de su seguridad social y si se accidentan y quedas discapacitadas las que asumen la crisis son las familias.

¿Cómo ponerle freno a esa situación?

Este es un problema social de una magnitud enorme que afecta a la población joven, pues el 80 por ciento de los accidentados son personas de menos de 30 años, una generación en plena capacidad de producir. Cualquier esfuerzo es poco, le compete al Estado y a las empresas que contratan y ponen en riesgo las vidas de las personas porque los castigan si no cumplen con sus tiempos de entrega, son una fábrica de accidentes y esas empresas deben tener mayor control por parte del Estado, en otros países no permiten eso.

¿Cómo se compensarán los recursos que se dejan de recibir por la reducción de la tarifa del Soat?

Lo primero que se debe aclarar es que el 90 por ciento de los siniestros cuestan menos de 300 salarios mínimos diarios (10 millones de pesos) de modo que serán pagados de forma directa por las aseguradoras y solo el 10 por ciento supera los 800 salarios mínimos diarios y este pasa a la Adres para pagar las cuentas de clínicas y hospitales. Esto es más o menos una 60.000 cuenta al año o 5.000 al mes de los prestadores.

De cuánta plata se está hablando…

Creo que dependerá de qué tanto se reduzca la evasión, si mejora mucho ese problema podríamos hablar de 1,2 billones de pesos, si esto no cae de forma sustancial, se acercaría a los 2 billones solo en el 2023, cualquier cifra estaría en ese rango. El Ministerio de Hacienda aportará los recursos para compensar ese menor ingreso y ese mayor gasto. Tengo que aclarar que la mitad de los vehículos particulares y muchos otros no tienen reducción de la tarifa Soat, son solo 14 categorías amparadas con la medida.

¿Qué impacto hay en el sistema de salud y la atención de víctimas?

No habrá en absoluto un impacto, el usurario no tiene por qué sentir esa disminución en el costo de la póliza, el prestador tendrá garantizada la totalidad de los 800 salarios mínimos, solo que este se fracciona en dos instancias, la que paga el asegurador cuando pasa de 300 salarios y la instancia que le paga la Adres.

¿Qué viene después del 2023 con esas tarifas?

Creo que esta tarifa diferencial del Soat seguirá hacia adelante, más allá del 2023, no está pensada solo para un año. Lo que está pensado para un año es un descuento del 10 por ciento en esa tarifa por no tener siniestralidad, pero el que haya tarifas diferenciales está pensado para el largo plazo.

Tomado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/el-estado-debe-enfrentar-la-alta-siniestralidad-vial-con-mas-seriedad-727287


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